¿Qué pesadilla habrá tenido anteanoche el expresidente Pedro Castillo para terminar disparándose a los pies al proceder con el que quizás pase a nuestros anales como el más rápidamente fracasado político de nuestra república? Sin coordinación alguna (hasta donde puede deducirse) con algunas fuerzas políticas, las Fuerzas Armadas, los y movimientos regionales o siquiera con sus ministros, su pronunciamiento fue lanzar una ficha al aire para ver si de milagro la embocaba en el estrecho agujero de la fortuna. ¿O quizás le prometieron un apoyo del que luego se desdijeron, dejándolo en la patética soledad de la sala de la prefectura, acompañado solo de su paisano Aníbal Torres?

Los golpes de estado prácticamente nacieron con nuestra historia republicana. En el verano próximo conmemoraremos el bicentenario del golpe del general José de la Riva Agüero contra la junta gubernativa que dirigía los destinos del país tras el retiro de José de San Martín. Durante el siglo XIX fueron una forma casi tan frecuente como las elecciones para llegar al poder. De ordinario, comenzaban con un “pronunciamiento”: una especie de manifiesto que denunciaba una situación trágica o algún abuso repudiable, que movía a un caudillo a tomar una medida de excepción, como era ubicarse en el puesto de mando de la amenazada nave del Estado. El éxito del golpe dependía de que en los días siguientes otros caudillos o institucionales regionales se adhiriesen al manifiesto. Si esto no sucedía, el emisor del manifiesto debía poner las barbas en remojo y tratar de ponerse a buen recaudo para no sufrir el escarmiento por su desairada osadía.

En el siglo XX, después del largo remanso de tranquilidad que significó la así llamada por Jorge Basadre “república aristocrática”, en el que por primera vez se sucedieron cuatro gobiernos constitucionales sucesivos, vino una nueva serie de golpes de estado que se inauguraron en 1914, con el ‘putsch’ del coronel Benavides contra el gobierno de Billinghurst (de las filas del pierolismo), que estaba enfrentado con el Congreso, dominado por el civilismo. Vinieron luego los golpes de Leguía contra Pardo en 1919 –a fin de asegurarse una mayoría congresal y prevenir algún fraude en el conteo de votos– y de Sánchez Cerro contra Leguía en 1930. Nuevos golpes se produjeron en 1948, cuando el general Odría derrocó a Bustamante y Rivero; 1962, cuando el ejército actuó colegiadamente contra Manuel Prado, en lo que algunos denunciaron como un golpe pactado entre el presidente y las fuerzas armadas para anular las elecciones que acababan de tener lugar; y 1968, cuando el general Velasco Alvarado derrocó al presidente Belaunde.

La novedad de estos ‘coup d´état’ del siglo XX radicaba en que las fuerzas armadas dejaban a los civiles gobernar, pero intervenían colegiadamente cuando estos gobiernos incurrían en una grave crisis, cuya solución ameritaba una intervención externa. Durante un tiempo predominó en nuestras ciencias sociales la tesis de las fuerzas armadas como perro guardián de la oligarquía. Según esta, las intervenciones militares ocurrían para restaurar el poder de la oligarquía cuando sus intereses eran amenazados por políticas reformistas. Pero salvo el golpe de Odría, en los demás es difícil hacer calzar esta interpretación. Y, en cualquier caso, el golpe de Velasco pareció cancelarla por un tiempo.

En esta hora también deberíamos referirnos a los golpes fracasados, de los que el más aparatoso fue el de los coroneles Gutiérrez en 1872, cuando intentaron impedir el ascenso al poder de Manuel Pardo y terminaron colgados de las torres de la catedral, en una de esas tragedias de la historia que se prestan a la novela, como lo acaba de demostrar estupendamente el escritor Dante Trujillo. Entre los golpes desventurados estuvo también el del comandante Gustavo Jiménez, “el zorro”, que se levantó en 1933 desde Cajamarca contra el gobierno de Sánchez Cerro. Viéndose cercado por el ejército, la versión más aceptada refiere que se suicidó con su revólver. Más reciente fue el levantamiento de Antauro Humala en Andahuaylas contra el gobierno de Toledo, que terminó con varios muertos y la prisión del exmilitar hasta hace pocos meses.

“Si Fujimori lo pudo hacer hace 30 años, ¿por qué no yo?”, se habrá preguntado Castillo ayer por la mañana. Porque el manifiesto que lanzó minutos antes del mediodía parecía inspirado en el del 5 de abril de 1992. Pero si bien la impopularidad del Congreso era la misma en ambas coyunturas, había diferencias gruesas con los sucesos de ayer: Fujimori gozaba de mayor popularidad, parecía estar arreglando la economía, existía la presión del terrorismo de Sendero Luminoso, que poco antes había asesinado cruelmente a María Elena Moyano, y el presidente contó en ese momento con el respaldo del ejército.

El gobierno de Castillo ha terminado tristemente, lo que es una mala noticia para la democracia peruana. Porque su victoria electoral, aunque fuese por una raya, representó el triunfo y la esperanza de muchos peruanos de verse representados en el puesto más importante de la nación. Ojalá hubiera honrado dicho apoyo con un buen gobierno y un final más digno y positivo.

Carlos Contreras Carranza es historiador y profesor de la PUCP

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