El objetivo de Minnesota

Esta semana, la administración Trump se vio obligada a bajar el tono y poner paños fríos para intentar apagar el incendio que provocó en Minnesota. Si ya la muerte de Renee Good había movilizado a una sociedad civil muy activa, lo ocurrido con el enfermero Alex Pretti, baleado 10 veces por la espalda, ha puesto la indignación al límite. Porque lo de Pretti no fue un accidente que se le fue de las manos a un oficial. Fue una ejecución perpetrada por la Patrulla Fronteriza, enviada por el presidente Trump junto a más de 2.000 agentes de ICE para encender el fuego en un estado liberal gobernado por demócratas.

¿Era necesario enviar tantos agentes migratorios a cometer redadas para atrapar ilegales en un estado donde el porcentaje de indocumentados representa menos del 1% del país? Para Trump lo era. Y mucho. Minnesota tiene un 75% de población blanca, el resto se reparte entre afroamericanos (7%), latinos (6,5%) y asiáticos (5%), siendo las comunidades de mexicanos, indios y somalíes las más numerosas entre los extranjeros.

Según una investigación del Pew Research Center, en el 2023 había alrededor de 130.000 inmigrantes ilegales en Minnesota, lo que representa cerca del 2,2% de la población del estado. En comparación, California tiene 2,3 millones de indocumentados, mientras los estados republicanos de Texas y Florida suman 2,1 millones y 1,6 millones, respectivamente.

La administración Trump justificó el envío de los agentes de ICE desde diciembre pasado en Minnesota, como parte de la operación Metro Surge, para apoyar la investigación de un fraude masivo en la asistencia social del estado que habría beneficiado a inmigrantes somalíes. Este caso sirvió para que la fiscal general Pam Bondi le pidiera al gobernador demócrata, Tim Walz, los registros electorales, supuestamente para supervisar que los votantes de Minnesota cumplan con la ley federal.

Pero para el senador demócrata Chris Murphy se trata de una operación velada para interferir en los resultados en un estado que no ha votado por un republicano desde 1972. Y en un dato clave, fue en la ciudad de Minneapolis donde ocurrió el asesinato de George Floyd en el 2020, durante el primer gobierno de Trump, y que desde entonces está plenamente consciente de lo que significa la represión policial.

Expertos en derecho constitucional, como Claire Finkelstein de la Universidad de Pensilvania, y el propio fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, han comparado a Minnesota con un laboratorio de pruebas de la administración Trump de cara a las elecciones legislativas de noviembre, con el fin de torcer el brazo de los estados demócratas. Pero el experimento, por ahora, no ha salido como esperaban.