Estandarte, por Andrés Calderón

¿Se enteró, estimada lectora, de la “Gran marcha por la vacancia” del último sábado? ¿O de la “Gran Marcha contra la Dictadura Comunista” de la semana pasada?

Probablemente, no. Y, si estuvo al tanto, sabrá que ninguna de las manifestaciones tuvo tanta grandilocuencia como sus eslóganes proponían.

‘Dictadura’, ‘marcha’ y ‘vacancia’ son palabras que podrían acompañarnos en las siguientes semanas, y que deberían abordarse con mucha seriedad.

Desde el inicio de su gobierno, Pedro Castillo ha tomado una serie de decisiones verdaderamente alarmantes. La primera fue la elección como primer ministro de Guido Bellido, una persona sin mayor experiencia en la administración pública, abiertamente misógino y homofóbico, simpatizante de dictaduras como las cubana y venezolana, e indulgente –cuando no cariñoso– con Sendero Luminoso y el Movadef. Y a partir de allí, las designaciones diarias de personas cuestionadas e incluso con impedimentos legales en altos puestos estatales confirman que el presidente Castillo no busca funcionarios sino secuaces. La solvencia moral, el conocimiento técnico o la capacidad de negociación política pesan mucho menos que un carnet con el logo de un lápiz en la balanza de Castillo y Bellido.

¿Por qué un nuevo gobierno nombraría a gente sin credenciales para desempeñar un alto puesto público? De paso, ¿por qué insistiría en la absurda idea de reducir el sueldo ministerial a la mitad, como ha anunciado el titular de justicia, Aníbal Torres? La hipótesis más verosímil es que Perú Libre no quiere funcionarios capaces, requiere monigotes. Las marionetas no tienen voluntad propia, responden al designio del titiritero. Y si el titiritero tiene vocación de autócrata, le conviene llenar el tablado estatal con personajes sin mérito propio, y cuyo arribo y permanencia en el puesto se deba únicamente a su lealtad partidaria.

Hace una semana critiqué desde esta columna que el Gabinete Bellido no tenía suficiente legitimidad en su conformación y que apuntaba, más bien, a una conflagración con el Congreso para buscar su eventual disolución. Los nombramientos posteriores de asesores y cabezas de otros organismos dependientes del Ejecutivo confirman este temor. Se trata del posicionamiento estratégico de quien percibe al Estado no como un instrumento para mejorar la vida de los ciudadanos, sino como un botín que se debe capturar y preservar.

Esa es la verdadera amenaza actual, la del apresamiento del aparato estatal por parte de un partido, cuyos representantes han señalado en más de una ocasión que no están dispuestos a abandonar el poder. Como si fuera un tablero de ajedrez, Castillo se está llenando de peones que puedan sacrificarse por él cuando se los pida, sea en defensa o en ataque. ¿Hay que preocuparse por la subsistencia del Estado de derecho en esta tesitura? Por supuesto que sí, pero el enfoque y la narrativa tienen que ser los correctos.

El cuco del comunismo ya fue usado infructuosamente por el fujimorismo en los comicios. Repetirlo ahora suena a rabieta de quienes nunca reconocieron su derrota. Por eso mismo, resulta enajenante que quienes levanten el estandarte de la democracia sean aquellos que todavía ondean la Cruz de Borgoña y no estaban dispuestos a aceptar los resultados de las últimas elecciones. En lugar de unir a los ciudadanos en una causa justa, terminan alienándolos. Lamentablemente, muchos actores políticos y mediáticos terminaron expulsándose del partido con su bochornosa y antidemocrática pataleta, como lo advertimos durante y después de la segunda vuelta.

El copamiento estatal sin méritos es sinónimo de corrupción, y la búsqueda forzada de la aniquilación de otro poder del Estado equivale a una autocracia. Ambos factores podrían ser determinantes en la discusión de una vacancia. Pero una discusión eficaz requiere de inteligencia para definir tanto el tema como a los interlocutores.