La explosión del lunes y las elecciones, por Pedro Ortiz Bisso

Departamento de Explosivos Forenses. A esta dependencia policial pertenecía el laboratorio que estalló el lunes en plena zona residencial de Surquillo sin dejar víctimas mortales ni heridos de gravedad. Como era de esperarse, acaba de anunciarse su traslado a otro lugar. Aunque todos sabemos que si no hubiera ocurrido el estallido, no se habría movido de allí y continuaría trabajando con su peligrosa normalidad.

¿Por qué un recinto tan riesgoso se encuentra en medio de un área repleta de viviendas, con parroquias, supermercados y otros lugares de alta densidad poblacional literalmente a la vuelta de la esquina? No es el único caso. En nuestra Lima podemos hallar almacenes de materiales inseguros enclavados entre casas y edificios. Pero también enormes fábricas que con sus humos contaminantes realizan una lenta y eficaz labor de destrucción del aparato respiratorio. Del mismo modo, las en apariencia saludables canchitas de césped sintético, que arruinan el sueño del vecindario porque funcionan los siete días de la semana, de 7 a.m. hasta la medianoche. O el chalecito de la esquina convertido, de pronto, en un hostal de ocho pisos, con sus soterrados visitantes nocturnos que van y vienen, que le arrancan al barrio su feliz tranquilidad.

Las ciudades cambian. Revisen un mapa de Lima de hace 30 años y comprobarán que es una urbe distinta. La propia avenida Aramburú, donde se encuentra el complejo policial afectado por la explosión, ha perdido su carácter residencial y hoy alberga oficinas, restaurantes y hasta notarías. En muchos casos, las alteraciones han sido desastrosas –la avenida Aviación es un caso de estudio–, porque los llamados a conducir esta transformación con una lógica que respete cierta racionalidad han sido blandengues, ineptos o corruptos. O las tres cosas a la vez.

A estos personajes –los alcaldes– los elegiremos este domingo. En algunos distritos, a las ofertas de luchar contra la inseguridad y ordenar el transporte, los candidatos han sumado velar por el respeto a la residencialidad, es decir, aplicar la ley y el sentido común para que no se viole el derecho de todo vecino de vivir en un lugar sin alteraciones inesperadas en su paisaje urbano (como esos extraños permisos para construir edificios de 10 pisos, ahí donde solo podían levantarse cuatro).

Al momento de elegir a su candidato, sea para su distrito o su provincia, no piense solo si el susodicho tiene capacidad de gestión para manejar el municipio, sino también si posee la suficiente entereza moral para enfrentarse a las tentadoras presiones de las inmobiliarias y otros grupos de presión que han hecho de Lima esta chanfaina de cemento y ladrillo que conocemos. Y si podrá hacer lo mismo con el Gobierno u otra autoridad para expulsar del vecindario las instalaciones peligrosas o que, de alguna forma, puedan alterar su sosiego. Usted decide. Luego no se queje.