Fuera de las sombras

Cada día se registran 59 violaciones sexuales contra niñas, niños y adolescentes (NNA). Pero la realidad es muchísimo más dura. Porque quienes sufren de explotación sexual infantil no llegan a las comisarías ni a los centros de emergencia mujer. Los NNA no tienen la capacidad de defenderse.

En el Perú, la explotación sexual infantil es una realidad, y aunque la ley prohíba las relaciones sexuales con menores de edad, no existe una protección adecuada para los NNA. No hay coordinación entre las autoridades ni presupuestos correctamente asignados. La policía y los jueces no están debidamente capacitados, y en un país como el nuestro hablar de la explotación sexual infantil es todavía un tabú.

En el 2019, la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales encontró que el 59% de peruanos cree que es socialmente aceptable la violencia contra las niñas y los niños. Y, lo que es aún peor, el 22% de los peruanos considera que es mejor no intervenir cuando hay casos de abuso sexual infantil. Esto explica en buena parte por qué los dueños y administradores de hostales y hospedajes se hacen de la vista gorda cuando hombres adultos llegan con niñas.

Sabemos que cuatro niñas de entre 10 y 14 años dan a luz cada día. Pero no sabemos cuántas son obligadas a abortar a través de redes clandestinas poniendo en riesgo su vida. Sabemos que en muchos casos son los mismos familiares quienes ponen en venta a los NNA, sea a cambio de dinero, comida o un hospedaje. Y por eso es que hay varios factores socioeconómicos que son claves en este contexto. La pobreza, el abandono y un embarazo adolescente previo aumentan la vulnerabilidad.

El silencio no es consentimiento: es miedo, es dependencia económica, es vergüenza, es la certeza de que nadie las protegerá. Solo entre enero y setiembre del 2025 se registraron más de 16.000 denuncias por violencia sexual contra menores. El 94% de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres. No estamos ante episodios aislados, es un patrón persistente.

La violencia sexual está tan normalizada en el Perú que el 57% de los hombres justifica la violencia sexual. En nuestro país son las mismas autoridades quienes justifican la violencia sexual contra los NNA al considerarla una práctica cultural o algo bueno para su desarrollo psicológico. No es ignorancia. No es torpeza. Es la expresión descarnada de una cultura donde el acceso al cuerpo de las mujeres –y de las niñas– es tolerado como prerrogativa masculina, donde el agresor no se percibe como delincuente.

¿Quién protege a estos NNA? El Estado tiene la obligación de hacerlo: debe garantizar atención médica, acompañamiento psicológico, educación y entornos seguros, sobre todo cuando en la mayoría de los casos el agresor pertenece al entorno cercano –familiares, conocidos, profesores–. Sin embargo, no cumple. A raíz de la denuncia de más de 600 niñas wampis y awajún víctimas de violación sexual en Condorcanqui, el Ministerio de Educación retiró a más de 2.000 maestros del sistema de educación por denuncias de abuso sexual que datan del 2010 y de las que nadie se ocupó. Maestros que siguieron dictando clases. Y en lugar de cuidar y fortalecer a los niños, se eliminó la Educación Sexual Integral del currículo escolar.

El Perú es un país de captación, tránsito y destino para la trata de las NNA con fines de explotación sexual. En muchos casos, las niñas terminan en zonas de minería ilegal. No podemos seguir actuando como si en nuestro país no pasara nada.