Qué nos está pasando

Según datos del INPE, en marzo de este año teníamos una población penitenciaria de 105.156 personas, 94,7% hombres. El segundo delito por el que más varones perdieron su libertad, después del robo agravado, es la violación sexual de menores de edad, con 12.331 presos (uno de cada cuatro sin sentencia). En la lista de los 20 delitos con más reclusos, le siguen otros de naturaleza sexual como violación sexual de adultos con 4.009 presos, actos contra el pudor de menores de 14 años, con 2.899 presos, y tocamientos, con 2.333. Y la lista sigue: 2.899 reos por actos de connotación sexual/libidinosos contra menores, 1.069 por violación de persona en estado de inconsciencia, 980 agresores por violencia familiar, 962 feminicidas y 345 por trata de personas.

¿Cómo se sostiene entonces la narrativa ultraconservadora que afirma que “la violencia no tiene género”? Si fuera así, ¿por qué el 99,8% de los presos por delitos de connotación sexual son varones en agravio de mujeres o menores de edad, así como el 99% de los feminicidas y el 98,5% de los acusados de violencia familiar? Pues no, el Congreso anterior eliminó el factor de género a la hora de diseñar políticas públicas en todos los sectores y también la educación sexual integral en las escuelas, ignorando que ser mujer o menor de edad aumenta exponencialmente el riesgo de ser víctima de violencia en general, y de violencia sexual en particular.

Objetivamente, el género y la edad son factores de riesgo indiscutibles y, por ello, los espacios donde se desenvuelven mujeres, niños y adolescentes son prioridad. Las escuelas, las residencias estudiantiles, el transporte público, los centros de trabajo y los hogares, están siendo aprovechados por los agresores, que se saben impunes, pues son apañados por sus instituciones y por los responsables de tramitar las denuncias.

Intervenir un colegio no sirve de mucho si no se ataca la raíz del problema en todo el territorio. El nuevo gobierno, el Senado y la Cámara de Diputados no parecen estar interesados en elaborar un trabajo técnico que aborde la condición de mujer o de infancia como categoría de alta vulnerabilidad que debe ser protegida por el Estado. Sus decisiones se mueven por intereses personales, políticos o religiosos. Por otro lado, el sistema de justicia se muestra incapaz de cautelar los procesos para que no caigan en el archivo y no protege a las víctimas contra las amenazas y el hostigamiento de sus denunciados y sus cómplices. La negación y la rampante impunidad están ayudando a envalentonar a los agresores e intimidar a las personas que denuncian y que son posteriormente amedrentadas, revictimizadas, desacreditadas e, incluso, quebrantadas en su derecho a proteger su identidad. Seguiremos viendo cómo las víctimas desisten de su denuncia, se cambian de colegio o de trabajo por miedo a seguir siendo piñata de compañeros, directores de escuela, colegas de trabajo, abogados, políticos e incluso periodistas.

Es imperioso que los que ostentan el poder asuman su responsabilidad. No es suficiente tomar la administración de un colegio o realizar otro informe más sobre la situación de las niñas de Condorcanqui. Hablamos de hacer una real limpieza de funcionarios que son agresores y de los responsables de gestionar las denuncias que entierran los casos o amenazan a las víctimas. Hablamos de medidas de protección efectivas para los denunciantes, apoyo psicológico y abogados de oficio que litiguen con eficiencia y consigan condenas efectivas. Hablamos de que quien la haga, la pague, conforme a ley y con el debido proceso. Hablamos de mirarnos al espejo y reconocer que algo bien feo nos está pasando.