Resistencias por vencerse

La reciente crisis en el Ministerio de Cultura, suscitada por la torpe decisión de reunirse con los integrantes del grupúsculo La Resistencia, ha vuelto a poner en agenda la necesidad o pertinencia de cambios en varios sectores. Pero, aunque cambien nombres, difícilmente significarán mejoras si quienes toman las decisiones finales no cambian la dinámica que ha primado: progresos acompañados de malos pasos.

Desde su instalación en el cargo, la presidenta de la República, Dina Boluarte, ha convocado a un grupo variopinto de colaboradores, entre advenedizos en búsqueda de figuración y técnicos con recorrido conocido (y respetado, en la mayoría de los casos) por distintos ámbitos del quehacer público. Entre los primeros, la figura de Pedro Angulo es quizás la más representativa, aunque no la única.

En el segundo grupo, en tanto, se aglomeran rostros de experiencias pasadas en el sector público, como Juan Carlos Mathews –que lideró Promperú durante el gobierno de Alan García y fue viceministro con Pedro Pablo Kuczynski– o Hania Pérez de Cuéllar –a la cabeza del Indecopi desde la gestión de Martín Vizcarra hasta los primeros meses de Pedro Castillo–. También debería ubicarse aquí a Leslie Urteaga, la aún ministra de Cultura, con varios años en el sector (lo que hace aún más desconcertante el enredo en el que se encuentra).

Boluarte ha visto pasar 14 renuncias en su mandato. La segunda fue, precisamente, en el sector Cultura: el 16 de diciembre, Jair Pérez renunció al cargo, en medio de la crisis que significaron las primeras muertes durante las protestas en Ayacucho.

Se pensó que podría traer una seguidilla de réplicas que pusieran en riesgo la sobrevivencia del Gobierno. Pero solo se dieron dos renuncias más por razones similares tras las muertes de Juliaca el 9 de enero: las de Eduardo García al Ministerio de Trabajo y Grecia Rojas al Ministerio de la Mujer, el 12 y 13 de enero, respectivamente.

Las otras diez renuncias, incluyendo la de Angulo a la PCM, han correspondido al desgaste o a alguna inconveniencia que los hacía insostenibles. La única excepción es la aparente promoción de Alberto Otárola, que pasó del Ministerio de Defensa, a inicios del mandato, a la PCM, tras la salida de Angulo.

Los cambios dados, en la mayoría de los casos, no han significado una mejora en el sector. De hecho, en ocasiones, han significado retrocesos, como en el nombramiento de Daniel Maurate en el Ministerio de Justicia, en momentos en los que el Gobierno hubiera requerido el concurso de una persona que no llegara al cargo con pasivos. El propio Gobierno parece haber percibido lo limitado de su aporte, pues al poco tiempo tuvo que convocar a un grupo de juristas que, de alguna manera, fungió de consejo jurídico consultivo.

De alguna manera, los apuros en los que se encuentran varios ministros parecen haber aliviado las presiones sobre la presidenta, que el fin de semana fue protagonista de una denuncia de plagio. A Urteaga deben sumarse las sucesivas denuncias contra Paola Lazarte en el MTC, las de Óscar Vera en el Minem e incluso las incómodas menciones al propio Alberto Otárola por el Caso Aionia. Todos ellos han honrado la expectativa de ser pararrayos y no debería extrañar que en pocos días vayan a ser fusibles.

En estos días, se tiene la expectativa de que las sillas voladoras que pueblan el Gabinete cambien de ocupante en breve. Probablemente esos cambios se den. Pero mientras el motor y motivo de los nombramientos se mantenga, difícilmente la situación mejorará. Si la atención a cuotas de poder o la prolongación o extensión de influencias está por encima de criterios de gestión gubernamental o política, la situación se mantendrá en el marasmo, la intrascendencia y el sobresalto. Hay muchas resistencias que tienen que vencerse.