Gobernar con las ciudades

“La vivienda y el desarrollo urbano deben ser una prioridad nacional”.
Ilustración: Giovanni Tazza

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Hemos iniciado un nuevo ciclo presidencial, y con él se renuevan los compromisos y proyectos que debieran orientar al país hacia un mejor futuro. El nuevo gobierno no llega con una agenda en blanco. Para el proceso electoral, Fuerza Popular presentó un plan de gobierno que planteaba diversas acciones, algunas vinculadas al desarrollo urbano y la vivienda. Sin embargo, ninguna de ellas fue recogida de forma explícita en el mensaje a la nación del 28 de julio. Esta omisión debiera llamarnos la atención.

No se trata de un asunto menor. El planeamiento y el ordenamiento urbano, así como la formalización y la producción de vivienda son aspectos fundamentales para reducir la pobreza y la vulnerabilidad de las familias frente a fenómenos naturales como los sismos y El Niño. En un país donde más del 90% del nuevo suelo urbano es informal y la demanda habitacional cualitativa y cuantitativa bordea los dos millones de hogares, resulta urgente revisar la política de desarrollo urbano y vivienda, ampliar los mecanismos de acceso y explorar alternativas como la vivienda en alquiler, especialmente para jóvenes y adultos mayores. La vivienda y el desarrollo urbano deben ser una prioridad nacional.

El mensaje de la presidenta sí reconoce buena parte de los problemas que afectan nuestras ciudades: servicios básicos insuficientes, infraestructura urbana deficiente, transporte caótico, inseguridad y pobreza; y en consecuencia plantea importantes inversiones en agua y saneamiento, electricidad, educación, salud, carreteras, aeropuertos y puertos. En transporte propone culminar la línea 2 del metro de Lima y ejecutar las líneas 3, 4, 5 y 6, además de sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo. Son anuncios importantes, pero plantean una pregunta inevitable: ¿tenemos la capacidad institucional para planificar y ejecutar todo ello en cinco años?

El propio diagnóstico presidencial identifica un Estado con serios problemas institucionales, obras paralizadas e ineficiencia en el gasto. Sin embargo, buena parte de estas dificultades no se resolverá concentrando más proyectos en el gobierno nacional. Las ciudades padecen de una limitada capacidad de gestión que se refleja en las dificultades que presentan las municipalidades para gobernar sus territorios. Muchas veces estas no cuentan con los recursos, el personal técnico ni las herramientas necesarias para conducir adecuadamente su desarrollo.

Aquí está, probablemente, uno de los mayores desafíos. La presidenta ha planteado trabajar coordinadamente con gobernadores y alcaldes y lograr que los tres niveles de gobierno actúen como un solo Estado. El objetivo es correcto, pero coordinar no es suficiente. Es necesario fortalecer a las municipalidades para que puedan ejercer efectivamente las competencias que la ley les asigna: conocer y planificar su territorio, ordenar y orientar el crecimiento urbano, priorizar y ejecutar proyectos, y promover la inversión privada formal.

De poco sirve que el gobierno nacional anuncie grandes obras si las ciudades continúan creciendo sin planificación, si millones de familias siguen ocupando suelo informal, y si los gobiernos locales carecen de capacidad para cumplir sus funciones. La experiencia del FEN 2017 y 2023 demuestra que frente a las emergencias necesitamos mucho más que un Estado bomberil: requerimos uno que planifique, prevenga y ejecute eficientemente en el territorio. Por eso necesitamos una presidencia que fortalezca y articule las capacidades del Estado en todos sus niveles.

Buena parte de los problemas que afectan la vida cotidiana de los peruanos se resuelve en las ciudades: la vivienda, la educación, la salud, el transporte, la seguridad y una significativa proporción de las oportunidades de empleo y negocios. Es allí donde las políticas públicas se convierten rápidamente en calidad de vida. Por eso, si queremos reducir sostenidamente la pobreza y promover el desarrollo, debemos mejorar la capacidad de nuestras ciudades para gobernarse y administrarse.

El nuevo gobierno tiene cinco años para hacerlo. Colocar el desarrollo urbano y la vivienda entre sus prioridades, y fortalecer a las municipalidades para que puedan conducir el desarrollo de sus territorios, sería un buen comienzo para hacer realidad las ambiciosas metas que se ha planteado.

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