¿Es imposible reformar la justicia?, por Gino Costa

A la luz de la experiencia de los últimos 25 años, Luis Pásara afirma que ha sido imposible reformar la justicia y explica por qué. Con la lógica implacable que lo caracteriza y un espíritu crítico extraño en el medio, concluye que los resultados de las reformas emprendidas son cuando menos magros. Así lo sostiene en “Una reforma imposible. La justicia latinoamericana en el banquillo”, publicado por la PUCP.

Reconoce avances, sin duda, en justicia constitucional, por ejemplo. También en independencia judicial, gracias a que se sacó el nombramiento de jueces y fiscales de manos de los políticos, aunque su influencia en la judicatura no ha desaparecido, como bien lo constatamos cotidianamente.

La más ambiciosa iniciativa de reforma, la del proceso penal, ha aportado transparencia y rapidez, pero al costo del archivo sistemático de las dos terceras partes de las causas. La incorporación de formas alternativas de resolución de conflictos, como el arbitraje y la justicia indígena, es positiva, aunque esta última no exenta de dificultades.

Aun así, la justicia como mecanismo para resolver conflictos, frenar abusos y garantizar el imperio de la ley sigue siendo en América Latina más una aspiración que una realidad. La insatisfacción ciudadana con ella se mantiene alta y la percepción de corrupción e impunidad con que se la asocia no ha cambiado.

Según Pásara, múltiples son los responsables. Los principales, los propios jueces y fiscales, seguidos muy de cerca por los abogados y las facultades de derecho que los educan. Son ellos los más resistentes al cambio por los intereses que tienen en el statu quo. Pesan además sobre sus espaldas factores históricos, culturales y organizacionales que con frecuencia, y a un gran costo, los esfuerzos de reforma han ignorado. 

¿Es posible superar estos obstáculos? Contra su propio escepticismo, Pásara deja abierta una ventana a la esperanza, a condición de que se aprendan las lecciones del último cuarto de siglo.

Las pocas experiencias exitosas fueron las que se fundaron en conocimientos rigurosos de los problemas que se querían superar y contaron con estrategias políticas y técnicas de implementación, así como con el apoyo de amplias alianzas. También fueron decisivos los liderazgos políticos comprometidos y los equipos profesionales competentes.

Me parece obvio que hoy no contemos con esas herramientas en el Perú; hay pues que construirlas. Quizá cabría comenzar por hacer un balance de la implementación del Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia preparado por la Ceriajus en abril del 2004.

Una década es tiempo suficiente para evaluar su implementación, actualizar el diagnóstico y dotarnos de un nuevo plan –digamos Ceriajus II–  para los próximos cinco años. Los partidos políticos podrían entonces discutirlo, perfeccionarlo y acordar su ejecución a partir de julio del 2016. Quizá demostramos así que, a pesar de todo, la reforma de la justicia es posible. Para lograrlo, habría que empezar por leer el notable libro de Pásara.