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El ministro de Economía se niega a entregar información sobre una empresa pública a un ciudadano. Recibe una multa de 9.000 dólares. La Junta Directiva del Congreso se niega a entregar información sobre la planilla de asesores de los congresistas. Reciben una multa de 6.000 dólares.
No ocurrió en el Perú. Ocurrió en El Salvador. Hace unos días me reuní con los comisionados y funcionarios del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), un organismo del Estado salvadoreño encargado de que las entidades públicas entreguen a los ciudadanos la información que estos soliciten.
El IAIP tiene a su cargo el que se cumpla con la Ley de Acceso a la Información Pública. No es una tarea menor. Los funcionarios públicos maximizan poder y la información es poder. El ocultismo y la falta de transparencia permiten ser arbitrario, esconder la corrupción y abusar de los ciudadanos. Lo paradójico es que el Estado acumula enormes cantidades de información generada con nuestros impuestos: planillas, manejo del gasto público, contrataciones públicas, etc. Pero luego se niega a entregarla cuando los ciudadanos quieren saber qué se está haciendo con nuestro dinero.
El Perú también cuenta con una Ley de Transparencia y Acceso de Información Pública. Sin embargo, hay varias lecciones que aprender del sistema salvadoreño.
Primero, ellos cuentan con una institución especial, autónoma, elegida por representantes de la sociedad civil que proponen ternas al presidente de la República. Y segundo, el IAIP “tiene dientes” pues puede multar a los funcionarios de cualquier nivel si se niegan a cumplir con su obligación de transparencia.
En un país donde el Indecopi multa por doquier a las empresas por no dar información a los consumidores, debería darle vergüenza al Estado que las negativas de sus funcionarios a entregar información que no les pertenece “pasen piola”. Así como el Indecopi puede hoy multar a los funcionarios que crean barreras burocráticas, debería existir una entidad con representantes de la sociedad civil, que pueda multar a los funcionarios que nos roban la información que nos pertenece. Se necesita un ‘Indecopileaks’ que asegure que la información está disponible y no que nos llegue porque un ‘hacker’ accedió a lo que debería estar al acceso de todos.
No hay contraloría más efectiva ni fiscal más inquisidor que la opinión pública. El verdadero temor de un funcionario público no radica en que lo fiscalicen sino en que se sepa aquello que no habría hecho si hubiera testigos. La información es poder. Y el poder debe estar en el lado correcto. No habrá poder ciudadano sin información, lo que significa que democracia sin información es como un cuchillo sin mango al que le falta la hoja.
Como el ‘Indecopileaks’ que deberíamos crear en el Perú, la IAIP debe contar con presupuesto adecuado y que garantice el desarrollo de sus funciones, mantener su absoluta autonomía del poder político y contar con respaldo incondicional de las organizaciones de sociedad civil cuyos intereses debe proteger.
La única crítica que le haría al IAIP es que sus multas son demasiado bajas. El daño que la falta de transparencia le hace a un país no guarda proporción con las sanciones que pone. Sin transparencia el desarrollo económico se retrasa, los costos de transacción en la economía se elevan, el gasto público se hace ineficiente, la corrupción crece, el ciudadano pierde tiempo y recursos, los derechos fundamentales se pierden en laberintos burocráticos, los programas sociales se vuelven un desperdicio de recurso, la democracia se debilita y todos perdemos la fe en un futuro mejor.
Como dice un proverbio español: “La honestidad es un vestido transparente”. Solo viendo desnuda a la función pública podremos estar seguros de su limpieza. Y es que la luz del sol es el mejor desinfectante.
