Confieso estar harto de escribir todas las semanas sobre los desaguisados de este Gobierno, habiendo tantos otros temas sobre los que reflexionar y que se terminan quedando en el tintero. Pero no hay de otra, como se dice ahora, copiando un horrible mexicanismo.
La semana tuvo pésimas noticias. Carlos Gallardo, muy cercano al Fenatep (y al Movadef, hay que decirlo) es un abierto opositor a la meritocracia (como lo es Pedro Castillo, quien en la huelga del 2017 tenía ello como tema central de su pliego).
Y a él, justo a él, le toca la mala suerte de que el examen docente se filtre. Otra forma de verlo es preguntarse quién estaba más interesado que Gallardo en que fracasara la importantísima prueba para establecer quiénes merecen el nombramiento definitivo o el ascenso en la carrera magisterial.
Encima, hay un testigo protegido de la fiscalía que sostiene que la prueba llegó a sus manos a través de una congresista de Perú Libre, quien, a su vez, la habría recibido de la hija del ministro que, como se sabe, tiene un peso muy importante en la gestión de su papá.
Según el referido testigo, a la ideología se la acompañó de crematística, pues su denuncia incluye que se pedía un pago de S/3.000 para acceder a las respuestas, por lo que los que los maestros interesados tuvieron que hacer ‘chanchitas’ (otro término de moda en la era Castillo).
Bien censurado está.
Súmese que el proyecto minero Las Bambas ha tenido que cerrar sus operaciones. Infortunada coincidencia que los opositores atribuyen al estrepitoso fracaso de la “novedosa estrategia de diálogo” desarrollada, primero por Guido Bellido, y luego por Mirtha Vázquez. Ya cuando el desastre estaba consumado y refiriéndose a la extorsión vía bloqueo de carreteras para obtener beneficios económicos, el ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, nos explica que esta acción “no es impunidad, a veces hay que permitirlo, antes que ceder ante las posiciones intransigentes de las empresas”.
Pero la semana ha sido incluso peor.
Los allanamientos a 13 locales vinculados a los ya archifamosos Bruno Pacheco y Karelim López, por el caso de la trampeada licitación “Puente Tarata III”, rozan cada vez más de cerca a Pedro Castillo.
Y ahora son dos licitaciones. Y el caso Petro-Perú es, incluso, más grave. Para empezar, porque es el segundo que se conoce y con un modus operandi muy similar.
La cronología de los hechos habla por sí sola. El 15 de octubre Samir Abudayeh se reúne dos horas en Palacio de Gobierno con Pedro Castillo. El 18, lo hace de nuevo acompañado de la ubicua Karelim y del novísimo gerente general de Petro-Perú, Hugo Chávez Arévalo. Los tres entran y salen de Palacio con pocos minutos de diferencia, pero aseguran que no se vieron, ni se conocen.
El 21, Petro-Perú decide comprar 280 mil barriles de biodiésel que, por casualidad, el visitante aludido produce. Se hace por licitación internacional para que la mayor competencia genere mejores precios. El 26 de octubre deciden que ya no sea internacional “para apoyar a los proveedores nacionales para ayudar a reactivar la economía”. Así, solo dos empresas quedan en lid: la de la buena suerte y Bio Energy Perú S.A.C. Ambas presentaron sus propuestas económicas y pasaron la evaluación. Dos días después, vía fe de erratas, anularon lo actuado y solo le alcanzó el tiempo a la empresa suertuda que ya solita los cotizó por US$74 millones. Pero como ha dicho Hugo Chávez (el de Petro-Perú): “todo es solo una infortunada coincidencia”.
Mas infortunada para el jefe del Estado porque –según el exprocurador Antonio Maldonado– podría ser investigado preliminarmente por colusión agravada, tráfico de influencias y negociación incompatible.
Hay millones de compatriotas a los que les urge que el Estado funcione mejor. No es justo tener un presidente tan ocupado en estas reuniones. Eso sí, claramente, bien intencionadas y que la ponzoñosa prensa intencionalmente malinterpreta.
Es verdad que el Congreso también es un problema, no por nada tiene un 17% de aprobación. Se lo merecen, para empezar, por su complicidad con el Gobierno en los retrocesos en la reforma de la educación y su complicidad con el lobby de las “universidades estafa” que quieren arruinar lo avanzado por la Sunedu. Añádase su abierta tolerancia y hasta protección al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, que quiere retroceder lo poco que se ha avanzado en la lucha por un transporte urbano digno y seguro para los más pobres.
Pero no hay que cerrar los ojos. Por la importancia que tiene el Ejecutivo para la vida cotidiana de la población, un (no) gobernante como Pedro Castillo es el peor problema que tenemos.
Me pregunto: ¿no les da vergüenza a los ministros presentables del Gabinete (algunos hay) avalar con su silencio y su presencia todo lo descrito? Me respondo: no, eso no les pasa a los que, enamorados de los oropeles que acompañan al fajín, se inventarán siempre una excusa para quedarse. Allá ellos.
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