La crisis electoral, por Federico Salazar

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) está en crisis. Enfrenta una difícil situación electoral, pero, sobre todo y al mismo tiempo, padece de una profunda inestabilidad institucional.

El pleno del JNE venía funcionando con cuatro miembros. La ley dice claramente que es “un órgano colegiado compuesto por cinco miembros”. Adicionalmente, uno de los cuatro “declinó” seguir cumpliendo sus funciones.

El magistrado Luis Arce Córdova, representante del Ministerio Público, presentó su “declinación irrevocable” al cargo de representante del Ministerio Público ante el JNE.

La ley orgánica del JNE dice expresamente que el cargo es “irrenunciable durante los procesos electorales”. Arce Córdova no renuncia, sino “declina”, como si bastara un cambio de palabras para hacer lo que la ley impide.

La “declinación” del magistrado llevó al límite a la institución. Materialmente no se le puede obligar al magistrado a ir al pleno a votar. Legalmente no puede dejar de cumplir sus obligaciones durante el proceso electoral.

El Jurado Nacional de Elecciones decidió suspender a Arce Córdova de sus funciones. Se ha querido habilitar, de esta forma, al suplente del Ministerio Público, Víctor Raúl Rodríguez Monteza.

Rodríguez Monteza, antes de jurar para el cargo, advirtió la debilidad legal de esta figura de remplazo. En una carta a la Fiscal de la Nación, recuerda que “un miembro suplente solo asume funciones en caso de vacancia en el cargo”.

Aunque uno en calidad de suspendido, actualmente hay dos representantes del Ministerio Público en el Jurado Nacional de Elecciones. Ello debido a esta salida improvisada de la suspensión.

La ley orgánica del JNE establece que la suplencia se da “inmediatamente de declarada la vacancia del cargo del titular”. En este caso no hay vacancia, pero aun así asumirá funciones el suplente.

Esta crisis revela la fragilidad institucional en la que se mueve el Jurado Nacional de Elecciones. Así debe enfrentar una crisis electoral extrema, producto de los resultados ajustados y los reclamos.

La crisis electoral se podría resolver si la autoridad del pleno del JNE estuviera fuera de dudas. La autoridad es, primeramente, una fuerza moral. Sin ella se carece de confianza y, por supuesto, de respeto.

A los cuestionamientos de la actuación funcional de las autoridades electorales se suman cuestionamientos personales. El propio Rodríguez Monteza, por ejemplo, es investigado por la Junta Nacional de Justicia por su presunta participación en el caso Los Cuellos Blancos.

Jorge Rodríguez Vélez, por dar otro ejemplo, tuvo una reunión social con algunos observadores internacionales del proceso electoral, en plena pandemia. No se trata sólo de la infracción sanitaria, sino de la falta de distancia que debe tener un miembro del pleno del JNE con observadores del proceso.

Estos y otros hechos socavan el prestigio de la entidad. La autoridad no se fundamenta solo en leyes, órdenes o mandatos. Tiene su base, sobre todo, en la confianza y en la aceptación de la gente.

Un Jurado Nacional de Elecciones sin la autoridad moral suficiente no es garantía para un proceso así de complicado. Además, será presa fácil de quienes querrán cambiar las reglas de juego ante futuros procesos electorales.

De esta crisis electoral e institucional se aprovecharán los que desean acomodar las cosas para sus intereses. De eso, que viene después de este proceso, tendremos que cuidarnos sobremanera.