La política no debe sucumbir al dinero, por Fernando Tuesta

Como en todos los países, el financiamiento de la política es un problema en el Perú, más aún ahora que el telón de fondo es la corrupción. Por lo tanto, tratar de resolver la compleja relación entre el dinero y la política es tarea urgente. En cualquier caso, de lo que se trata es de que la política no sucumba ante el dinero. Es decir, de que quien tenga más recursos no se sobreponga al resto. Regular adecuadamente esto es, por lo tanto, de vital importancia en la marcha de nuestra democracia, donde escándalos como Lava Jato no hacen sino socavar gobiernos y partidos políticos, erosionando la legitimidad en las instituciones representativas.

En un contexto de partidos extremadamente débiles y de existencia corta, como ocurre en nuestro país, solventar una campaña electoral resulta siendo una tarea titánica. Los gastos se incrementan sustantivamente y los partidos están incapacitados para cubrirlos con sus propios recursos. Se supone que los partidos recogen ingresos de: las cuotas de los afiliados, que ahora resulta siendo porcentualmente muy bajo comparado con las otras fuentes de financiamiento, pues los afiliados aportan poco o nada; de personas naturales, lo más frecuente, o personas jurídicas extranjeras sin fines de lucro hasta un monto no mayor de 120 UIT; de actividades proselitistas, con un máximo por cada evento de 250 UIT bancarizadas e identificación del participante; y de la gestión de su patrimonio y de la prestación de servicios, créditos financieros y legados, que resulta claramente inexistente. De lo anterior, el peso del origen del dinero privado recae en las contribuciones de las personas y en las actividades proselitistas. Sin embargo, al no contar los partidos políticos con recursos propios previos a la campaña y requiriendo millones de soles para solventar una, estos sirven también como canales por donde se fraccionan las donaciones (pitufeo) y no aparecen los verdaderos contribuyentes.

La situación se agrava para los partidos, pues el financiamiento público que reciben desde el 2017 no puede ser usado para la campaña electoral, tan solo para actividades de formación, capacitación e investigación. Una situación solo semejante a las de Bolivia y Venezuela, donde, con reglas de reelección presidencial, el uso de los recursos públicos favorece al partido de gobierno. Solo se dispone de financiamiento público indirecto para el caso de la llamada franja electoral, pero ese acceso a los medios generalmente es usado para las candidaturas presidenciales que buscan el voto a nivel nacional.

Siendo así el marco de las reglas de juego, un partido político solo podría levantar fondos suficientes contando con muchas aportaciones individuales y realizando muchas actividades proselitistas, pero con los topes que hemos señalado. Si un partido infringe estas normas, hay un catálogo de sanciones administrativas que son básicamente multas económicas, pero también sanciones de naturaleza penal.

Pero las posibles sanciones se complejizan, pues ya no solo los partidos políticos tienen que presentar informes económicos financieros, sino también los candidatos, algo que tiene sentido, sobre todo, porque tenemos el voto preferencial, pero que se convierte en un grave problema para el caso de autoridades regionales y municipales, donde el voto es por lista.

En consecuencia, si no existe financiamiento público y el privado está acotado y con topes, se abre la puerta para que el partido intente violar la ley, en su búsqueda de recursos para enfrentar campañas costosas y, para los ostentadores del dinero (legal e ilegal), la posibilidad de entregar a necesitadas manos abiertas, creándose así vínculos de dependencia. Algunos partidos y candidatos serán encontrados con las manos en la masa (del dinero) y otros pasarán sin ser encontrados.

Este es un tema pendiente que el próximo Congreso que elijamos el 26 de enero debe resolver, introduciendo el financiamiento público para las campañas, al lado de otorgar facultades sancionadoras efectivas a los organismos electorales y creando figuras de sanciones políticas para los partidos. El dinero no puede subordinar a la política.