La prensa y el Gobierno, por Hugo Coya

La reciente reunión entre el presidente Pedro Castillo y los directivos de algunos canales de televisión y radios ha puesto una vez más sobre el tapete las restricciones impuestas por parte del actual Gobierno, desde que asumió el mando, a los medios de comunicación privados, tanto nacionales como extranjeros, en la cobertura y el acceso a las actividades oficiales.

Aunque no todos los medios de alcance nacional participaron, resulta importante destacar esta primera convocatoria por parte del jefe del Estado a un sector con el que ha mantenido una tortuosa relación desde que lanzó su candidatura. No menos trascendental es el compromiso manifestado por el mandatario, según han revelado algunos de los participantes, por mantener el respeto irrestricto a la libertad de prensa y el derecho a la información, que tenemos todos los peruanos al amparo de la Constitución y las leyes.

“Hemos convocado a los directivos de los principales medios de prensa para impulsar un trabajo conjunto que priorice la estabilidad del Perú mediante el respeto al derecho a la información de la ciudadanía y el ejercicio responsable y transparente de la libertad de expresión”, escribió el presidente en su cuenta de Twitter, horas después del encuentro.

Sin duda, un soplo de aire fresco dentro de este asfixiante clima de polarización, instaurado en el país desde que se conoció a los candidatos que pasaron a la segunda vuelta electoral. Pero, más allá de las palabras corteses y las fotografías posadas, teniendo como imagen de fondo a Túpac Amaru, resta saber qué acciones concretas adoptará el Gobierno para poner fin a esta situación que atenta abiertamente contra los principios democráticos, y a partir de cuándo.

Si bien son comprensibles los resquemores que Castillo, los altos funcionarios y los militantes de Perú Libre puedan tener en torno de los medios de comunicación, debido a que una buena parte de ellos tomó partido abiertamente a favor de la excandidata Keiko Fujimori, hay que recordar que la campaña electoral concluyó y que ahora Castillo gobierna para todos los peruanos, sean o no sus críticos. Por tanto, nada justifica colocar barreras a la prensa o que el presidente guarde un silencio sepulcral cada vez que un periodista consigue acercársele para hacerle una pregunta sobre su gestión.

No basta que declaren sus subalternos, puesto que, como máxima autoridad, el presidente tiene la obligación de informar a quienes gobierna, rendir cuentas de sus actos, explicar sus motivaciones y precisar los lineamientos de sus acciones. En ese sentido, la prensa es el intermediario adecuado, como ocurre en todos los países civilizados del mundo.

Las actuales limitaciones impuestas a la prensa carecen de antecedentes en la historia reciente de nuestro país y sientan un pésimo precedente, sobre todo tratándose de un gobierno elegido democráticamente. Se debe entender que conceder acceso exclusivo a los medios estatales a las actividades oficiales resulta insuficiente y atenta contra el principio de que una ciudadanía debidamente informada podrá tomar las mejores decisiones para su vida, y obstaculiza, además, la labor fiscalizadora de las acciones gubernamentales.

Puedo dar fe de ello en mi condición de exdirector del diario oficial, la agencia estatal de noticias y expresidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión en diferentes gobiernos, puesto que, si bien dichos medios de comunicación tienen un gran alcance nacional y sus periodistas intentan cumplir de la mejor manera posible con su labor, existen demasiadas cortapisas para brindar a la ciudadanía la información que requiere. Bajo esa perspectiva, sería saludable que el presidente Castillo diese un paso mayor que la promesa formulada a los directivos de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, levantando de inmediato todas las barreras existentes para la actividad de los medios de comunicación.

Del mismo modo, otro gran gesto sería la suscripción de la Declaración de Chapultepec sobre la libertad de expresión, que data del 11 de marzo de 1994 y que, en uno de sus incisos, reconoce que “la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa”.

Solo de esta manera el gobierno dejará de lado estos cuestionamientos para dedicarse a la solución de otros graves problemas nacionales, teniendo presente siempre, como sostenía el patriarca mexicano don Benito Juárez –quien a la sazón fue la primera persona de origen indígena en llegar a la presidencia de un país latinoamericano–, que “la emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre como es libre en el hombre la facultad de pensar”. Esperemos que pronto así sea también en nuestro país.