Durante años la figura del congresista ha sido criticada y, en muchas ocasiones, rechazada por los mismos ciudadanos. Una de las críticas más visibles es la poca exigencia con respecto de la formación educativa para obtener este cargo político. Por ello, se menciona que la Constitución de 1993, mediante su artículo 90, indica que los requisitos para el cargo parlamentario son los siguientes: ser peruano de nacimiento, tener cumplido 25 años y gozar del derecho de sufragio. Como se puede apreciar, en ningún momento se señala que deba haber culminado estudios técnicos, superiores o incluso escolares.
El cargo de congresista no solo se basa en acudir al Parlamento y golpear la mesa alzando la voz. Entre las funciones de los congresistas, se encuentra la legislativa, que trata sobre la modificación, creación e interpretación de leyes. Esto lo detalla el reglamento del Congreso en su artículo 4. Estas acciones requieren de un análisis crítico y arduo, según sea el caso. Las críticas van dirigidas al nulo requerimiento de un grado mínimo de estudios para poder ser congresista. Han existido diversos casos sobre congresistas que no culminaron sus estudios universitarios y otros que ni siquiera la iniciaron.
Siguiendo esta línea, un caso alarmante se suscitó en las elecciones congresales del 2020 mediante la recolección de hojas de vida por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Resultó que solo el 51% de los postulantes contaba con un título universitario, mientras que el 25% no realizó ni siquiera estudios universitarios. Además, mediante un informe realizado por El Comercio, se supo que el 24% había iniciado estudios universitarios, pero sin lograr la licenciatura. Si bien no puede tomarse como un indicador definitivo el hecho de que una persona sin estudios universitarios trabaje en la política, muchas de las críticas indican que lo idóneo sería que estos últimos ostenten un grado mínimo de estudios para cumplir con sus distintas actividades legislativas. La capacidad de un buen congresista no se mide en base a la cantidad de proyectos de ley que proponga, sino sobre la calidad de estos.
Por otro lado, hay quienes indican que, si bien un título universitario permite ser distinguido por la especialidad a la que uno se dedica, estos no aseguran que una persona sea más idónea que otra para cumplir con sus obligaciones en beneficio del Estado. A diferencia de la conformación del Congreso del 2020, el actual Congreso cuenta con más del 80% de sus representantes con estudios superiores. No obstante, hasta la fecha, más del 50% de los congresistas sancionados cuentan con títulos profesionales. A partir de ello, surge la dificultad de delimitar hasta qué punto influye tener estudios universitarios o no al momento de cumplir con las obligaciones de congresistas y de realizarlas de manera eficaz.
En conclusión, el grado académico no necesariamente es una garantía de un político correcto; sin embargo, esto no demerita a aquellos congresistas que ostentan un título profesional. Los ciudadanos tienen el derecho de elegir y de ser elegido; esto significa que, sin discriminar entre aquellos que tienen estudios superiores y los que no, todos tienen el derecho de la participación ciudadana. Con todo lo dicho no se quiere dar a entender que los estudios no sean importantes, ya que los congresistas deben estar en constante práctica y aprendizaje para realizar sus labores de manera satisfactoria. Finalmente, ellos son los representantes de la nación y, por ende, se les debe exigir una labor destacada.
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