Balas de salva

La extinción de dominio es una figura que, en pocas palabras, permite que el Estado Peruano pueda pasar a administrar bienes (como propiedades, vehículos o dinero) que sean fruto o que estén vinculados de alguna manera con actividades ilícitas. Bajo el marco legal vigente, existe un Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio que cuenta con jueces, fiscales, procuradores y policías propios que actúan con prescindencia de los procesos penales contra quienes obtuvieron dichos bienes o hicieron uso de ellos de manera ilícita. Esta independencia no es casual, pues permite que las autoridades se hagan de bienes de procedencia probadamente ilícita antes de que los juicios contra quienes los obtuvieron culminen (lo que en el Perú puede tomar años) o puedan siquiera llevarse a cabo, ya sea porque estos últimos se encuentran prófugos, guarecidos en otro país o incluso hayan fallecido.

Este sistema, que es en realidad bastante exitoso, se ha convertido en un referente a escala internacional, y en sus apenas cuatro años de funcionamiento ha permitido que se dicten 616 sentencias favorables al Estado Peruano por bienes valorizados en más de US$60 millones, con lo que se ha vuelto autosostenible. Sin embargo, como el Congreso a veces se empecina en cambiar lo que funciona, desde el Legislativo se busca ahora modificar la figura de la extinción del dominio para atarla a los procesos penales; es decir, para que estos procedan únicamente luego de que exista una condena, tal y como ocurría con la legislación antigua que en siete años logró solo 37 sentencias.

La iniciativa fue presentada en noviembre pasado por el congresista Jorge Morante (Fuerza Popular) y, tras pasar por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, ha quedado lista para ser votada en el pleno. Frente a ello, el Poder Judicial, la Procuraduría General del Estado (PGE) y el propio Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio han advertido sobre los riesgos del dictamen y han conminado a los parlamentarios a no aprobarlo. Según la procuradora Liliana Meza, por ejemplo, la propuesta legislativa afectaría más de 4.000 procesos de extinción de dominio que se encuentran actualmente en trámite, incluyendo aquellos contra los expresidentes Alejandro Toledo (que recién fue extraditado este año de Estados Unidos) y el ya fallecido Alan García.

Frente a las críticas, el legislador Morante ha cuestionado que en su momento ni el Poder Judicial ni la PGE hayan hecho llegar sus observaciones a su propuesta. “El Congreso no es un lugar donde ellos tengan que venir y decir lo que mejor se les ocurre en el momento que quieran; hay un plazo en el que tienen que responder”, afirmó, como si la discusión de un proyecto de ley estuviera circunscrita a determinados plazos y no pudiera, por ejemplo, retornar de nuevo a la comisión competente para ser analizada de mejor manera.

Lo más preocupante de todo, no obstante, es que la extinción de dominio no es la única herramienta con la que cuentan los órganos encargados de perseguir el delito en nuestro país que la actual representación busca modificar… para mal. Anteriormente en el año, el pleno aprobó un proyecto –observado tardía e insuficientemente por el gobierno de Dina Boluarte– para modificar la colaboración eficaz que, de promulgarse, pondría en grave riesgo una figura que ha sido clave para el avance de las investigaciones por los casos Lava Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto o aquellos en marcha contra el expresidente Pedro Castillo. Y sacó adelante también una ley que fija los plazos de suspensión de la prescripción en un año, con lo que abrió una puerta peligrosa para la impunidad que ha permitido, en menos de medio año, que investigados como el presidente del Congreso, Alejandro Soto, el legislador Jorge Luis Flores Ancachi o el ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez la invoquen para pedir que los procesos en su contra sean archivados.

Lo que está haciendo el Congreso, en buena cuenta, es desarmar a fiscalías, procuradurías y juzgados, y modificar varias de sus armas para perseguir y sancionar el delito a fin de hacerlas menos eficaces. Darles balas de salva, en otras palabras. Y esto no debe pasar desapercibido.