Lavado de activos: no todo está perdido, Carlos Basombrío

Seguir la ruta del dinero es la clave universalmente reivindicada por los investigadores del crimen organizado en sus diferentes variantes. Esto incluye, por supuesto, la corrupción, tema hoy central en la vida nacional. Hablamos de muchísimo dinero que se querrá luego pasar por lícito.  

Probar el delito de lavado de activos es tremendamente complicado y se requieren instrumentos muy poderosos que sucesivos congresos le habían negado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 

Afortunadamente, las cosas están cambiando y, aun cuando pueda causar sorpresa, tanto el Ejecutivo como el Legislativo han remado en la misma dirección. Sin duda influye que haya ahora estándares internacionalmente exigidos por diversas organizaciones (como la OCDE, a la que queremos pertenecer). 

Empecemos por el paquete de decretos legislativos aprobado vía facultades extraordinarias por el Ejecutivo y que fue respaldado por el Congreso en el proceso de revisión. Existe ahora nueva normatividad que aumenta los sujetos obligados de informar a la UIF sobre transacciones sospechosas. Esta entidad puede ahora pedir a un juez el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria en sus investigaciones y sus informes de inteligencia financiera no sulo dan cuenta de operaciones que pueden estar vinculadas a lavado de activos, sino también a sus delitos precedentes. Asimismo, hoy los notarios tienen, individual y colectivamente, mayores obligaciones en detectar riesgos de lavado de activos. lavado de activos.  

El único aspecto que no ratificó el Congreso, lo que es una lástima, fue que la UIF pueda compartir con los organismos electorales información, a su juicio sospechosa, en el financiamiento de los partidos. 

El segundo gran avance vino por una iniciativa de la Comisión de Integridad que nombró el Gobierno. Esta sugirió que todas las adquisiciones por encima de determinado monto tuvieran que ser bancarizadas, propuesta que el congresista Gino Costa convirtió en un proyecto de ley. La norma ha sido aprobada recientemente por unanimidad en el Congreso (106 votos), y establece un máximo de 3 UIT (S/12.450) para compras de bienes muebles e inmuebles en efectivo, incluyendo insumos químicos para el narcotráfico y la minería ilegal.  

Un avance complementario que sería coherente con el anterior y que nuestra gestión propuso al Gobierno incluir como parte del pedido de facultades es reducir a S/15.000 el monto máximo que se puede retirar en efectivo del sistema bancario en un día. Incluso podría ser 3 UIT para coincidir con la norma referida. 

Pensamos esa propuesta tanto como una herramienta de lucha contra el crimen urbano como para la formalización de la economía, pero no se logró el consenso. Temores sobre el efecto en la cadena de pagos en una economía tan informal y en un momento cuasi recesivo, lo explicaron. 

En ese momento, fundamentamos que el 85% de las transacciones de ese tipo eran menores a ese monto. Y que las planillas, por lo menos en las ciudades grandes, se podían pagar incluso sin tener el trabajador cuenta, vía cajeros. Mostramos, también, información sobre la cantidad de asaltos violentos que se ocasionaban por ese tipo de retiros y que el tope podría evitar la gran mayoría de ellos (en la medida en que el costo-beneficio de esa violenta modalidad delictiva se reduciría significativamente). Disminuiría más todavía si se hubiese aprobado la prohibición para que dos personas viajen en una moto (lo que facilita la fuga en asaltos violentos) y que ha tenido razonable éxito en algunas ciudades colombianas y mexicanas, como una medida excepcional y temporal. En ambos casos fracasé, pero creo que podrían revisarse a la luz de lo transcurrido desde entonces. 

Retornando al tema de los avances en el control de lavado de activos, se ha aprobado por unanimidad, en las comisiones de Economía y Producción del Congreso, la fiscalización de las cooperativas de ahorro y crédito que, pese a múltiples esfuerzos con congresos anteriores, no lo estaban por la Superintendencia de Banca y Seguros. En “Semana Económica”, Óscar Basso de la SBS sostiene que de las 502 cooperativas identificadas, 134 están en el VRAEM (30/1/2018). Qué más corroboración de la urgencia que el Congreso apruebe pronto la ley y la SBS adquiera funciones reales y efectivas de vigilancia sobre ellas. 

Pero las herramientas sirven solo cuando las usan. Toca ahora que las instituciones de justicia sepan y quieran usarlas. Más aun, que la clase política las deje actuar con autonomía, para que se llegue hasta donde se tenga que llegar.