Lecciones de los bancos para las universidades, por A. Torres

La regulación estatal suele generar rechazo. La incomodidad proviene de la sensación de pérdida de tiempo y, sobre todo, del temor a ser víctima de una arbitrariedad o un intento de corrupción. Sin embargo, si uno compra una medicina o deposita su dinero en un banco confía en que alguna institución pública haya supervisado la calidad del producto farmacéutico o la solvencia de la entidad financiera. Por lo tanto, no podemos negar que en diversos casos la supervisión es necesaria.

El reciente debate sobre la ley universitaria ha generado una polarización entre defensores de la intervención estatal, por un lado, y de la autonomía universitaria, por el otro; que está cargada de prejuicios y desconfianza de ambas partes. Como se sabe, finalmente se aprobó, con una votación muy ajustada, una propuesta promovida por el Ejecutivo que constituye una versión menos intervencionista que la formulada inicialmente por la Comisión de Educación del Congreso, pero que mantiene la creación de la controvertida Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Si bien la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) anuncia acciones de inconstitucionalidad y la oposición política vaticina que la ley tendrá vida corta, lo más probable es que la Sunedu sobreviva, ya que cuenta con el apoyo de la opinión pública. Según una encuesta reciente de Ipsos, el 71% de la población informada declara estar a favor de la creación de la Sunedu. El dato no es sorprendente dada la proliferación de universidades que operan con autorizaciones provisionales y que otorgan títulos a nombre de la nación a pesar de su notoria precariedad.

Si la Sunedu va a sobrevivir, lo que le conviene al país es ayudarla a crecer sanamente. Si se organiza bien, puede ser una entidad que ayude a mejorar la calidad de la universidad peruana. La clave está en que los estándares mínimos que exija sean razonables, que sus procedimientos sean rápidos y, sobre todo, que su normatividad sea predecible. Es decir, que no deje espacio a la discrecionalidad y posible arbitrariedad de cada funcionario del gobierno de turno.

Un buen ejemplo para la Sunedu puede ser la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Si el sistema financiero peruano es uno de los más sólidos de la región es, en parte, gracias al profesionalismo de una institución como la SBS. Una de las características más visibles de la SBS es su promoción de la transparencia en el sistema. En su portal se puede encontrar, por ejemplo, desde las tasas de interés que cobra cada banco por los diferentes tipos de crédito hasta el ránking de los bancos según cada tipo de depósito.

En cambio, si una persona desea saber el número de egresados por carrera de cada universidad o un ránking de universidades según algún criterio objetivo, no tiene acceso a esa información. Se oculta con el pretexto de la autonomía universitaria o simplemente no existe. En una economía de mercado es esencial que el consumidor esté bien informado, especialmente si tomará una decisión –como estudiar en una universidad– que le va a impactar en el resto de su vida.

IPAE Acción Empresarial viene desarrollando con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo un observatorio que brinde información comparativa acerca de la oferta educativa y la demanda laboral. En el marco de ese esfuerzo, se ha normado que las planillas de todas las empresas formales registren la carrera, la universidad o instituto en que estudió y el año en que egresó cada trabajador. Así se podrá saber la remuneración con la que es contratado el egresado de cada centro de estudios superiores. Esta información será de gran valor para orientar al mercado educativo.

Sin embargo, la información sobre las remuneraciones promedio de los profesionales en planilla puede resultar distorsionada si no se sabe, al mismo tiempo, el número de egresados de cada universidad y carrera. Solo así será posible calcular la tasa de empleabilidad de cada una. Con la mal entendida autonomía universitaria, ni el Ministerio de Educación ni la ANR podían exigir a las universidades que proporcionen esta información. Con la Sunedu sí será posible.

Si la Sunedu entiende que una de sus prioridades debe ser organizar y difundir información comparativa de las universidades –como lo hace la SBS sobre las entidades financieras– estará no solo ayudando a los jóvenes a tomar mejores decisiones sino que estará promoviendo la competitividad en uno de los sectores más críticos para el desarrollo nacional, que es el educativo.