Han pasado 203 años desde que, por la voluntad general de los pueblos, José de San Martín declaró que el Perú era libre e independiente. Sin embargo, seguimos siendo un país en el que no existe un Estado real. Es decir, tenemos un Estado incapaz de proveer condiciones mínimas para que sus ciudadanos puedan desarrollarse, progresar y vivir dignamente y en paz. Aunque la presidenta nos haya presentado una lista de lavandería de supuestos logros, la realidad es muy distinta a los discursos.
La descentralización buscó acercar los mecanismos de toma de decisiones al ciudadano para mejorar su acceso a servicios e infraestructura. Pero, en la práctica, delegamos capacidades y presupuesto en autoridades (alcaldes y gobernadores) que no tienen capacidad de gestión ni conocimientos de cómo ejecutar proyectos y administrar servicios. Y, en lugar de construir una burocracia sólida con técnicos capaces y meritocracia, le entregamos los sectores más importantes para el desarrollo del país a políticos y advenedizos. Así, la descentralización no ha logrado mejorar el acceso a servicios, la rendición de cuentas ni la transparencia, sino, por el contrario, su mayor éxito ha sido descentralizar la corrupción.
Hasta el 30 de junio, los gobiernos subnacionales (gobiernos regionales y municipales) habían invertido solo el 33% del total de su presupuesto. Y, entre estos, uno de los que peor ejecución presupuestal tiene es la Municipalidad Metropolitana de Lima, que ha ejecutado solo el 16,5%. ¿Cómo logramos entonces que los ciudadanos confíen en la democracia cuando sus necesidades más básicas no son satisfechas? El 98% de los establecimientos de salud de primer nivel (postas médicas y centros de salud) tiene una capacidad instalada inadecuada. Es decir, no tiene la infraestructura, los instrumentos ni las medicinas adecuadas para atender a los enfermos. Pese a ello, hay cinco gobiernos regionales que han ejecutado menos del 15% de su presupuesto de salud: Piura, Arequipa y San Martín han ejecutado el 13%; Lambayeque, el 11%; y La Libertad, solo el 9%. En el Perú solo tres de cada cien establecimientos de salud están en buen estado y no es por falta de dinero.
La cosa no va mejor en el sector educación, en el que el Gobierno Regional del Callao, por ejemplo, ha ejecutado solo el 7% de su presupuesto, pese a que 28 colegios se encuentran en alto riesgo y el 23% del total de colegios no tiene agua potable. En la región Áncash, el gobierno regional ha ejecutado el 6% de su presupuesto en Educación, a pesar de que la mitad de los colegios no tiene servicios básicos. En Huánuco, donde el 64% de los colegios está a punto de colapsar, las municipalidades han ejecutado solo el 9% de su presupuesto.
¿Qué significa esto? Que el Estado Peruano es incapaz de proveer condiciones de vida mínimas a su población. La ineficiencia e incapacidad en el gasto público, que considera además la mala elección de los proyectos, corrupción e incapacidad para supervisar su ejecución, genera insatisfacción de los ciudadanos con la democracia y con el modelo económico.
¿Cuál es el rol de los líderes empresariales frente a un Estado incapaz? No podemos mirar a otro lado. Es momento de plantear soluciones: proponer una reforma de la descentralización, impulsar asociaciones público-privadas, obras por impuestos y también impulsar un sistema de presupuesto por resultados.
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