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Ayer el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, se enteró por la televisión de que el presidente de la comisión del Congreso que investiga al Gobierno Regional de Áncash ha solicitado el levantamiento de su secreto bancario y su detalle migratorio. Según el congresista, Ramos Heredia podría ser denunciado ante el Ministerio Público o ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, próximamente.
El fin de semana los programas dominicales confirmaron el poder que tenía el antiguo asesor de la pareja presidencial en la Comisión de Presupuesto del Congreso. Según estas revelaciones, Martín Belaunde Lossio y sus socios se habrían beneficiado económicamente con algunas modificaciones legales propuestas por congresistas nacionalistas.
La semana anterior, la detención del policía en retiro Benedicto Jiménez propició que El Comercio publicara un diagrama, donde se aprecia, en el tercer nivel de la estructura mafiosa de Rodolfo Orellana, la participación de abogados y notarios expertos en temas de propiedad. Hombres de leyes que deberían confesar a cuántos jueces y fiscales corrompieron para hacer sus fechorías.
Para enfrentar su situación, el fiscal de la Nación ha anunciado una megainvestigación contra los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol. Belaunde Lossio está prófugo –tuvo todas las facilidades para huir del país– pero el ministro de Justicia, Daniel Figallo, se ha referido a su tema negando que el gobierno haya realizado algún tipo de lobby para favorecer al amigo del mandatario y dueño del diario adicto a su régimen.
Y aunque la policía agarró a Benedicto en la casa de su suegro en Arequipa, todavía el ministro Urresti no puede atrapar ni a ‘El Gordo’ ni a ‘Cruella de Vil’, es decir, a los poderosos Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo.
En la Italia de 1992 un grupo de jueces y fiscales de Milán sumó fuerzas y valor para luchar contra la mafia en su país. La corrupción había desbordado las instituciones públicas, el gobierno y el sistema judicial italianos; los empresarios y hasta los ciudadanos comunes y corrientes coimeaban para agilizar cualquier tipo de trámite. La extorsión a todo nivel, el soborno y la financiación ilegal de los partidos políticos eran pan de cada día. La corrupción se había extendido hasta los porteros de los ministerios y los municipios.
La operación Manos Limpias (Mani Pulite) dictó cerca de 1.300 condenas. La mayoría de los implicados confesó y los magistrados que tuvieron el coraje de enfrentar a las redes corruptas fueron acompañados, en las calles, por la ciudadanía.
Han pasado más de 20 años y es posible que los italianos tengan pronto que volver a hacer otra operación Manos Limpias: la prensa italiana afirma que sus políticos se dieron maña para transformar varios delitos en “no delitos” y entorpecer así la labor de la justicia.
Pero eso no debe importarnos: la corrupción es un virus recurrente, y hay que enfrentarlo con implacable decisión cada vez que brote; de lo contrario, deteriorará de tal manera nuestro organismo social, que no nos dejará futuro.
