Alejandra Costa

La expectativa de Southern Copper de empezar a construir a más tardar el próximo año el proyecto cuprífero en la provincia de Islay, Arequipa, se está viendo como una señal positiva para la ejecución de proyectos mineros en el país.

El impacto de esta noticia se potencia, además, porque el precio del cobre superó sus máximos históricos a inicios de la semana y se espera que una sólida demanda en el mediano y largo plazo favorezca el precio del metal rojo en el futuro.

Hasta ahora, el discurso de Dina Boluarte y su Gabinete ha sido de apoyo firme a este proyecto que demandará una inversión de al menos US$1.400 millones. Sin embargo, si algo hemos aprendido del gobierno actual es que su fragilidad lo convierte en una veleta que apunta hacia donde sopla el viento de las fuerzas políticas que lo mantienen en el poder y que con un poco de presión de los gobiernos regionales o amenazas de protestas podría cambiar de rumbo.

Recordemos que el proyecto de Southern Perú Copper Corporation está paralizado desde el 2011 y ha recorrido un largo camino para conseguir que se apruebe su estudio de impacto ambiental en el 2014 –que incluye la construcción de una planta desalinizadora para utilizar agua de mar– y que, finalmente, se le otorgue la licencia de construcción en el 2019.

Cada paso hacia adelante, sin embargo, ha generado una reacción violenta y trágica. Entre el 2011 y el 2015, al menos seis personas murieron en medio de protestas de agricultores y opositores a la en el valle del Tambo y los gobiernos de Alan García, Ollanta Humala y Martín Vizcarra no pudieron descongelarlo, pese a los innegables beneficios para el crecimiento económico, la generación de empleo y la recaudación que Tía María trae bajo el brazo.

Aún es difícil prever cuál va a ser la reacción en el valle del Tambo a este anuncio. Los opositores de siempre han vuelto a reclamar que no tiene licencia social, mientras que Southern Copper considera que su trabajo con las comunidades les asegura el apoyo de los vecinos de la zona de influencia.

De concretarse el comienzo de la construcción entre fin de año y el 2025, así como el inicio de la operación en el 2027, Tía María pasaría de ser una historia trágica a una de esperanza. Pero si la torpeza de nuestras autoridades lleva a que se queme el pan en la puerta del horno, el nuevo golpe a la ya alicaída imagen del Perú ante los inversionistas mineros –que se refleja en la peor calificación de nuestra historia en el ránking de competitividad minera global del Instituto Fraser– podría ser irreversible.





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Alejandra Costa es Curadora de Economía de Comité