Nuestro norte

Lo más importante que informaron la señora Dina Boluarte, quien ejerce constitucionalmente la presidencia, y su jefe de Gabinete en la última conferencia de prensa –iniciándola así– fue el siguiente paso del Perú dado ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En París, sede de la OCDE, el Gobierno ratificó que continuamos con el proceso de integración a esta organización intergubernamental.

La OCDE procura –garantizando la estabilidad macroeconómica y jurídica en el marco de una economía de mercado que regula sus intercambios– armonizar sus normas, sus políticas económicas y sociales, y generar consensos y sinergias para incrementar el desarrollo de las economías que la integran.

Para lograrlo requiere del compromiso y la cooperación de todos sus miembros y del funcionamiento de más de 300 comités, grupos de trabajo y de expertos que abarcan un extenso mapa temático que prácticamente no deja ninguna política pública fuera. Comprenden desde la administración pública hasta el gobierno corporativo y pueden encontrarse dentro de los ámbitos de los ministerios de Educación, Finanzas, Comercio, Medio Ambiente y Desarrollo, según la denominación organizativa de cada Estado-parte, como es lógico.

Hace 12 meses, la OCDE aprobó la hoja de ruta para nuestro proceso de adhesión estableciendo los comités que nos evaluarán en una amplia gama temática –educación, salud, trabajo y empleo, medio ambiente, lucha contra la corrupción y más–, todas vitales.

Obviamente, integrar la OCDE nos compromete a adherir a sus principios, a procurar sus objetivos y a aceptar sus reglas de juego.

Para la canciller Gervasi, adherir a sus objetivos significa que “compartimos valores esenciales como la protección de las libertades individuales, la democracia, una economía de mercado y el Estado de derecho”.

Al respecto, también nos informa del trabajo de coordinación interinstitucional dentro del Estado, que analizó nada menos que 240 instrumentos jurídicos de la OCDE comprendiendo desde declaraciones hasta acuerdos internacionales que permiten “apuntalar prácticas y políticas orientadas a mejorar la calidad de vida de nuestra población”. En lenguaje diplomático, nos comunica que debemos adecuarnos a ellas.

Para esto, el Gobierno ha conformado –bajo la batuta de la Presidencia del Consejo de Ministros– una comisión multisectorial permanente encargada del seguimiento de los pasos articulados y progresivos para calificar y ser aceptados más adelante en esta organización que también coopera entre sus miembros para fomentar su desarrollo.

Al comprometernos internacionalmente, los valores mencionados adquieren –sin duda– otra envergadura. Dentro del país es una indudable declaración de principios y objetivos del Gobierno que hace explícito el norte esperado de la presidencia de Boluarte.

De los 38 estados que integran la OCDE, cuatro son de América Latina: México, Chile, Colombia y Costa Rica.

Ante la noticia escasamente absorbida, algunos pueden con razón preguntarse cómo podemos pretender tan importante meta habiendo gestado un Estado-botín, habiendo tenido que despachar a presidentes por presumirlos delincuentes y, entre otros, si reinan entre nosotros la impunidad y la informalidad.

Un proverbio sufí nos dice: encuentra la respuesta en la pregunta.

Cuando la última instancia de la OCDE debía decidir si aceptaba a Colombia, Alemania requirió de la OIT una opinión consultiva sobre el grado de cumplimiento colombiano de los derechos fundamentales del trabajo. Entonces yo me encontraba a cargo del sistema normativo de la organización en la oficina andina y me cupo emitir el informe.

Observando el vaso medio lleno, tuve dos opciones: o reconocía los notables avances colombianos en materia de derechos fundamentales y orientaba favorablemente el voto germano o veía el vaso estático.

Tras priorizar el posible bienestar colombiano a largo plazo, consideré que a Colombia le convenía integrar la OCDE y llenar progresivamente el vaso, porque ahí dentro se sujetaba a sus candados, obligaciones y a su implacable, constante y variado monitoreo.

Concluyo sosteniendo que –comulgando con todos los principios y objetivos de la OCDE– integrarla debe ser invariablemente la gran política de Estado del Perú; ergo, nuestro único norte por toda la trascendencia y cobertura que implica y el bienestar general que alcanzaríamos.