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Hace por lo menos tres años, una alianza entre mineros ilegales peruanos y el terrorismo de las FARC, depreda el río Putumayo en la frontera peruano- colombiana; en nuestro lado, la zona más afectada es el noreste de la región Amazonas y aunque las policías de ambos países tienen identificados a los cabecillas, la falta de decisión política de los dos lados, impide que se tomen medidas frontales contra esta actividad criminal.
La vertiente afectada es riquísima en oro, antílopes y biodiversidad, pero la alianza devastadora que ha instalado dragas y campamentos en esa zona de nuestra frontera con Colombia, riega con mercurio y cianuro sus aguas y sus bosques.
La policía de Colombia ha identificado al colombiano Jair Manrique Pedroza como el principal comprador del oro que ahora tanto le cuesta a nuestra patria; de igual manera al cabecilla terrorista que cobra a los mineros ilegales peruanos en esa zona a cambio de protección y ayuda logística. Se le conoce en su país con el alias ‘Wilmer El Burro’ y está a cargo del frente 63 de las FARC, este sujeto comparte el dominio con alias ‘Antonio’ y alias ‘El Flaco’. El segundo se ufana de ser el responsable de la frontera Colombia-Perú para su organización delictiva.
Las dragas, que pueden observarse gracias a la fotografía digital, están mayoritariamente en el lado peruano del río Putumayo y ya han alterado el cauce de las vertientes explotadas, erosionando los suelos de los bosques que las rodean. Los ‘huecos’ que se forman por la falta de vegetación, y que se aprecian en las imágenes satelitales, están ubicados cerca de lo que se conoce como Puerto Arturo y Tarapacá en el lado colombiano; y sobre el lado peruano del río Putumayo.
El daño al medio ambiente es total, pero las más perjudicadas son la comunidades nativas que viven en esas riberas: Las corrientes fluviales a las que estaban acostumbradas ya no son las mismas y la contaminación ha alcanzado a los peces que les servían de alimento. Expertos asesores de la policía colombiana sostienen que esta actividad protegida e incentivada por las FARC y realizada por mineros peruanos ilegales, destruye al año, por lo menos, 250 hectáreas de bosque porque utiliza alrededor de una tonelada de mercurio y cianuro en la extracción y el amalgamado del oro que rasca de la arena del río.
En el 2010 se demostró, con fotografías, cómo la minería ilegal en Venezuela, en complicidad con las FARC, deforestaba la Amazonía venezolana. Hugo Chávez saltó, entonces, hasta el techo y negó, con la arrogancia que lo caracterizaba, esa realidad. Ahora la maldición se ha instalado en nuestro territorio, peor, está contaminando con gases y líquidos tremendamente tóxicos nuestras aguas y bosques.
Las organizaciones que defienden el medio ambiente y los derechos humanos en nuestro país prefieren, muchas veces, conspirar contra la minería formal antes que combatir y enfrentar estas alianzas perversas. En cinco días se inaugura en el Perú la Conferencia de las Partes (COP 20). No pueden seguir en silencio.
