Osmán Morote Barrionuevo y Margot Liendo Gil han recuperado la libertad. No han recuperado sus vidas los 25 muertos y cinco desaparecidos de la calle Tarata. Tampoco han recuperado sus extremidades los niños mutilados.
Esperamos que el juzgamiento de ese caso los devuelva a prisión por siempre. No hay que desesperar, y hay que cumplir la ley. Lamentablemente, el Caso Tarata no se ha resuelto y ya se acabó el plazo máximo de prisión preventiva.
Es lamentable, pero nada más. Al problema no hay que sumar la irresponsabilidad.
Sorprenden los comentarios del Ejecutivo al respecto. El presidente del Consejo de Ministros dijo estar en desacuerdo con la resolución judicial.
Está equivocado. El ministro Villanueva está obligado a respetar y hacer respetar las resoluciones judiciales, incluida esta. Si piensa que no se ajusta a derecho, debe impugnarla por la vía respectiva.
El ministro de Justicia ha ido más lejos. Ha anunciado un plantón frente a la sede del Poder Judicial para protestar contra la resolución. Ha dicho que el Poder Judicial no puede “lavarse las manos”.
Ya que al gobierno le parece bien que un ministro haga politiquería de temas serios para el país, tocaría al Congreso llamar al orden al ministro Heresi. Los ministros no están para hacer plantones. Tampoco están para cuestionar políticamente resoluciones judiciales ajustadas a derecho.
Es difícil, sin embargo, que el Congreso pida explicaciones al ministro Heresi. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, está en la misma línea.
La jefa del partido mayoritario del Congreso ha calificado de “indignante” la resolución judicial en cuestión. Ella lamentó que el Poder Judicial –según dijo– prefiera que los agentes de la Policía Nacional “estén cuidando a terroristas, en vez de proteger a los ciudadanos”.
Por lo pronto, no hay que confundir los términos. Si se dispone de agentes para el arresto domiciliario, no es para cuidar a los terroristas, sino para que nos cuiden a nosotros de ellos.
Por otro lado, la resolución no tiene nada de indignante porque se ajusta a ley. El fujimorismo quiere decir: “Más importante que la ley es que los terroristas no salgan de prisión”.
Esa es una reacción de escaso alcance. Lo que debe indignar es que las leyes impidan la celeridad de los procesos y que las leyes sean benignas con los delincuentes.
En vez de hacer desplantes sobre el Poder Judicial, la señora Fujimori tiene en sus manos la solución. Ella, después de todo, es jefa del partido que gobierna el Congreso.
¿Qué ha hecho ese Congreso en cuanto a legislación de los procesos judiciales? ¿Qué ha hecho ese Congreso, de mayoría fujimorista, por endurecer las penas? No ha hecho nada.
Hoy un terrorista que causa estragos y perturbaciones con armamento solo recibe una pena máxima de 25 años. Si el acto terrorista afecta servicios esenciales, recibe como máximo 35 años.
Si hoy un terrorista cometiera estos actos y cumpliera su condena, tendría que salir libre. ¡El Congreso, de mayoría fujimorista, no ha hecho nada por cambiar las cosas!
Entendemos que los políticos necesitan decir cosas que la gente quiere escuchar. Sin embargo, necesitamos de nuestros políticos algo más. Necesitamos que hagan cosas para que no se produzcan situaciones lamentables y peligrosas.
César Villanueva, Salvador Heresi y Keiko Fujimori, directa o indirectamente, nos gobiernan. Necesitamos que se dediquen a eso más que a golpearse el pecho y rasgarse las vestiduras.
Ni el Ejecutivo ni el Legislativo deben tratar de erosionar la credibilidad de otro poder del Estado. En vez de quejarse de que este tenga que cumplir con un deber penoso, deberían decirnos qué van a hacer desde sus funciones para cerrarle el paso a los terroristas.
Estos criminales nunca dejarán de ser una amenaza. Es parte de los desafíos del Estado de derecho encontrar los medios para defendernos de ellos.
Sin leyes y sin instituciones no podremos hacerlo. Nos volvería a pasar lo mismo. En vez de plantones y desplantes, ¡pónganse a trabajar en ello!