Constructivas, por Elmer Cuba

Durante la cuarentena se gana tiempo para mejorar los sistemas de salud pública y se protege a las familias para reducir el ritmo de contagio. Se protege a las empresas, para que la mayoría esté lista cuando llegue el momento de reanudar sus actividades. Se prepara la economía para la salida del apagón económico inducido.

En la lucha contra los efectos del COVID-19 hay tres etapas. La primera, de contención. La segunda, de reanudación. La tercera, de reactivación.

En la primera etapa, se diseñó un bono para que las familias puedan soportar la pérdida de ingresos y no salir a trabajar. Al final, se cayó en la cuenta de que el bono debió ser cuasiuniversal, privilegiando la apertura de cuentas y canales digitales. El bono cubriría 40% del tiempo de la primera cuarentena (4 de 10 semanas).

Se postergó el pago de impuestos de las empresas y personas, a costa de las cuentas fiscales por algunos meses. Se dio garantías para facilitar que las empresas tomen deudas para soportar un mes menos de ventas. La primera cuarentena duró dos meses y medio. Se permitió que las familias con ingresos formales puedan usar parte de sus activos cuasilíquidos. Es decir, sus cuentas de CTS (estando o no desempleados) y parte de sus fondos de pensiones. A todo este conjunto de afectación del patrimonio empresarial y familiar se le llamó plan económico, guardando sabiamente el dinero del fisco para la reactivación. Solo se gastó lo necesario para la parte de salud vinculada con el COVID-19.

El Tesoro Público también viene siendo golpeado. Si las empresas no tienen utilidades, no habrá impuestos a la renta de tercera categoría. Si los trabajadores pierden su empleo o tienen menores salarios, caen los impuestos de cuarta y quinta categoría. Si la actividad económica y las importaciones caen, el ingreso por IGV se derrite. El déficit fiscal puede sobrepasar los dos dígitos hacia fines de año si es lanzado un paquete de reactivación de la demanda en el cuarto trimestre.

En la fase de contención, se descuidó el control de los mercados de abastos. Sobre todo en Lima, la costa norte y la selva. Tal vez la reducción del famoso factor R hubiese llegado más temprano y la meseta de hoy no sería tan terca. No se puede decir que falló la gente. Las fallas del Estado también existen.

En el ínterin, se ha preparado un plan de salida de cuatro etapas. Luego de algunas idas y vueltas sobre lo restrictivo de ciertos parámetros de obesidad y la edad de los trabajadores, el Ejecutivo ha escogido un camino. No se confía mucho en la capacidad del sector privado para hacer sus propios protocolos. Las empresas no quieren que sus trabajadores y sus clientes se contagien. En estricto, es correcto que el sector público imponga protocolos mínimos. Después de todo, en la lucha contra una pandemia se trata de que los agentes internalicen la externalidad que puedan generar a terceros. El mercado necesita las reglas y con ellas se ajustan y asignan los recursos de mejor manera que lo que puedan decidir los mejores burócratas. Las etapas de reanudación no toman en cuenta las interrelaciones de los sectores.

Aunque tal vez en verdad no se confía mucho en las propias capacidades de hacer cumplir las normas por parte de los sectores empresariales informales y los trabajadores independientes. Esa puede ser la verdadera razón de ir por etapas. El reconocimiento implícito de las fallas del Estado.

A estas alturas de la pandemia, surge la pregunta de qué hacer con los sectores informales. Estos amplios sectores ya decidieron hace años vivir al margen de las normas de sus propios sectores, de las normas tributarias y las laborales. No se intimidan ante la PNP, la Sunat o la Sunafil. Existe sin embargo un camino. Aprovechar la crisis para formalizar. ¿Quieres crédito o ayuda estatal? ¿Quieres bono cuasiuniversal? Bien, regístrate y seguimos. Si no queremos ir por ese camino, queda la economía del comportamiento.

Queremos que las personas practiquen el distanciamiento físico, se laven frecuentemente las manos y se cubran la nariz, la boca y los ojos. No basta con las normas ya dictadas, se trata de comportamientos nuevos que necesitan una ayuda, un empujón. Por ejemplo, actuar en la calle o trabajo como si el otro fuese portador del virus y pensar en tus familiares vulnerables. Esto último también al lavarse las manos. El uso de protector facial para no poder tocarse la cara.

Finalmente, el transporte público. La batalla final contra el coronavirus se dará allí. De poco servirán los protocolos privados si el trabajador se infecta yendo a su trabajo o volviendo a su casa. Allí, el uso de tecnología disponible será crucial. Usar GPS en el transporte público y los celulares para saber el número de pasajeros en él, para un seguimiento y sanciones efectivas. Usar una app (en la calle y transporte público) que active un sonido cada vez que otra persona esté cerca y sanción social para los infractores. Dar subsidios estatales con contratos diseñados de tal manera que no se pase del aforo máximo en cada unidad de transporte. Ampliación de horarios de entrada y salida en el trabajo.