Paquete con contrabando, por Federico Salazar

El Congreso no debe aprobar las medidas remitidas por el Ejecutivo para reactivar la economía. La razón es sencilla: esas medidas no van a reactivar la economía. 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no se equivoca en el objetivo. Está en lo correcto cuando se orienta a “dinamizar” la inversión. Este es el camino sano para el crecimiento y la reducción de la pobreza. El problema es cómo provocar un impulso de la inversión.

En cuanto a la inversión pública, el objetivo no debe ser incrementar los montos, sino hacer más productivos los esfuerzos. No importa llegar a una cifra, sino a un resultado en la eficiencia del gasto. Se debe gastar en caminos, puertos, tendidos eléctricos: en general, en infraestructura.

Pero también se debe no gastar en eso mismo; o sea, hay que saber cuándo esas tareas se pueden cumplir a través de concesiones o privatizaciones. En este aspecto no se ha avanzado mucho, y da la impresión de que se sigue la inercia de los años noventa.

El paquete de medidas parece estar orientado no a reformar la economía, sino a facilitar liquidez. Las medidas tributarias apuntan a eso. La reducción de las deudas tributarias y el desmontaje de las detracciones pueden tener ese resultado.

Ninguna de esas medidas, sin embargo, premia la mayor eficiencia en el uso de los recursos. Demuestran, además, que el mejor negocio es no pagar una deuda y dejarla envejecer. Después de todo, llegará un gobierno que quizá nos perdone las deudas antiguas.
 
Una de las trabas para la inversión es la burocratización y la regulación. La respuesta del gobierno ante este problema no es contundente. No plantea una reforma, sino un relajamiento de las normas. No es lo mismo.

El paquete propuesto da nuevos plazos para resolver las conductas infractoras de las empresas, remite a procedimientos sancionadores “excepcionales” y habla de “moderación” de las sanciones con un tope de 35%. O sea, a perdonar y relajarse.

Lo que tendría que hacer la reforma es suprimir procedimientos inútiles o repetidos, replantear el criterio de “infracción” y fijar muy claramente su ámbito de aplicación. El castigo no debe ser “excepcional”, sino solo la conducta infractora.
 
En cuanto a la pequeña y mediana empresa, se propone el subsidio ciego. Se quiere destinar S/.600 millones a incrementar la productividad de las pymes, instrumentos de difusión tecnológica, innovación empresarial y mejora de la gestión. ¡Haberlo sabido! La productividad viene en un cursito o un folletito. Si es así, pásenselo también a las empresas grandes. Ya resolvimos el problema de la productividad del mundo entero.
 
Los otros S/.500 millones se quieren otorgar como fondos de garantía para que estas empresas puedan recurrir al sistema financiero. Es decir, el gobierno nos dirá qué empresas deben recibir crédito o capital: ya no será el mercado, serán los técnicos del gobierno, que saben más que los consumidores.

Bajo la etiqueta de “dinamizar” se quiere hacer pasar, de contrabando, gasto irracional y subsidios asolapados. Eso es lo contrario a reactivar.