Periodista intocable, por Andrés Calderón

“Espíritu de cuerpo”, “frente común”, “defensa de los coleguitas” son algunos de los comentarios que suelo encontrar en redes sociales provenientes de personas que atacan a un periodista que, a su vez, ha cuestionado el juicio legal o sentencia de otro periodista. Como si el solo hecho de compartir una actividad profesional nos convirtiera a todos en irreflexivos fanáticos de causas ajenas. 

No es mi intención en este artículo rechazar o confirmar la existencia de una supuesta “solidaridad entre coleguitas”, sino más bien referirme a un punto central de la sentencia de la jueza Susan Coronado en contra del periodista Rafo León, que si bien puede favorecer a algunos periodistas como personas, más bien perjudica al periodismo como institución. Con su decisión, la jueza Coronado ha creado un injustificado privilegio para los periodistas: el privilegio de ser intocables.

La sentencia emitida por la jueza Coronado en la cual halla responsable al señor León por escribir un artículo supuestamente difamatorio en contra de otra periodista, la señora Martha Meier, está basada principalmente en una idea: León no tiene derecho a criticar el ejercicio periodístico de la querellante, pues no es de interés público.

Basta con citar algunos pasajes de la sentencia para hacer evidente el razonamiento de la jueza: “el querellado… no estaba tratando con temas de notorio interés público (gestión de la alcaldesa de Lima), sino que se refería a netamente a descalificar con metáforas las opiniones y/o críticas que había vertido la querellante” (sic), “le atribuye una cualidad que perjudica su honor en el carácter profesional… menospreciando su calidad periodística” (sic), “una crítica a nivel de política está protegida por ley, ello, no puede tomarse como pretexto para atacar a una persona tanto en su ámbito profesional como personal” (sic). 

En otras palabras, para la jueza Coronado, se puede criticar a políticos y funcionarios por la labor que desempeñan, pues ahí sí habría interés público, pero no hacer lo mismo con periodistas.

En la práctica, esto supone dar un nivel superior a los periodistas, pues no solo podemos expresarnos –como cualquier otro ciudadano–, sino que también tendríamos un escudo protector frente a quienes se expresen sobre nuestro quehacer. Puedo criticar a otros pero si me critican a mí: ¡a la cárcel!

Esta lógica no solo es discriminatoria sino que le hace un magro favor a la práctica del periodismo, pues, esta, como toda actividad humana, solo puede mejorar cuando es consciente de sus falencias. El periodismo –muy a pesar tal vez de algunos que no quieran ejercerlo responsablemente– no necesita de escudos contra las críticas; por el contrario, vive y se enriquece gracias a ellas.

Los periodistas y todos aquellos que con nuestra actividad participamos de la discusión pública y colaboramos en la formación de opinión, sí deberíamos estar sujetos al examen y respuesta de la sociedad. Es más, por la labor que desempeñamos, al igual que políticos y funcionarios, estamos sujetos a un mayor escrutinio.

La coherencia por parte de quienes defendemos la libertad de expresión nos exige ser respetuosos con los demás que también la ejerzan, sobre todo, para cuestionar nuestra labor. Una consistencia que, además, nos demanda no demandar el silencio de aquellos que piensen distinto.

La libertad de expresión que alimenta y sustenta la libertad de prensa se basa en el reconocimiento de que el debate de ideas beneficia a la sociedad. Esto supone respetar todas las opiniones, por más desagradables que estas nos puedan parecer, siendo humildes para reconocer que no existe una visión del mundo superior a la del resto, y conscientes de que muchas de las cosas que necesitan ser dichas no siempre quieren ser escuchadas.

El ropaje protector tejido por la jueza Coronado puede quedarle bien a quien quiera sentirse intocable, pero nos luce pésimo a quienes favorecemos el libre intercambio de ideas, y alimenta aquella falsa de que los periodistas tenemos corona.