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Según lo revelan las recientes encuestas, el desempeño de los tres poderes del Estado en los que se sustenta el sistema democrático ha perdido notoriamente el respaldo popular, a un punto tal que su grado de aceptación se ha reducido a la mitad del que tenían hace tres años, cuando su aprobación ya era baja. La caída afecta principalmente al Congreso, luego al Poder Judicial y en menor medida al Poder Ejecutivo, aunque los tres órganos se encuentran en una preocupante y hasta alarmante situación a juicio de la opinión ciudadana.
La crisis por la que atraviesan estas instituciones debe merecer una pronta reacción de ellas mismas, así como el apoyo externo, de quienes hemos defendido y continuamos defendiendo el sistema político, ya que cada una de ellas debe cumplir a cabalidad su función, para garantizar el ejercicio de nuestras libertades, el respeto de los derechos fundamentales y un equilibrio de poderes que debe asegurar la independencia de cada uno, para que ninguno invada las esferas y atribuciones que correspondan a otro.
El comportamiento de los tres principales órganos del poder estatal tiene que mejorar de veras, ya que de lo contrario se estaría poniendo en riesgo todo lo avanzado en los últimos 14 años desde que el país retornó a la democracia.
No olvidemos que en el Perú, como en muchos otros países, existe por lo menos un tercio de la población que favorece los regímenes autoritarios y que prioriza el orden a cualquier costo, aunque este resulte muy alto y sus libertades resulten conculcadas. Recordemos lo ocurrido en el siglo pasado, con los sucesivos golpes de Estado y los regímenes que gobernaron sin respetar los preceptos constitucionales.
Con la ayuda de los medios de prensa y la decidida voluntad de quienes forman parte de los principales órganos del poder estos tienen que corregir las deficiencias que exhiben hoy.
La situación no es para desesperarse, pero sí fuerza a que se tomen acciones inmediatas y se empiece a enmendar los errores, comenzando por el combate de la corrupción, la inseguridad ciudadana y el narcotráfico, más aún ahora que nos encontramos a un año y medio del comienzo de las campañas políticas para las elecciones generales del 2016.
A lo expresado debemos agregar un hecho que influye grandemente en la evaluación de la situación, que es el comportamiento general de la economía del país.
La evidente desaceleración de la economía que viene presentándose desde abril de este año hace que el descontento ciudadano aumente, al margen de si las principales razones que deben tomarse en cuenta sean atribuibles a factores externos, como consecuencia del menor precio internacional de nuestras materias primas de exportación.
Por eso está muy bien (con los ajustes que deben hacerse) el paquete reactivador que está dispuesto a poner en ejecución el gobierno, aunque este debió presentarse bastante antes.
Sin embargo, no debemos descuidar el nuevo impulso que se tendrá que dar a la acción que le corresponde emprender a los tres principales órganos del Estado, lo que incluye, entre otros, enfrentar el descrédito de muchos gobiernos regionales que están poniendo en riesgo el esfuerzo descentralizador de los últimos años. En la relación entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales tiene que existir un organismo bisagra con poderes suficientes para articular una relación de complementaridad que actualmente no se está dando.
Igualmente, se deben emprender algunas reformas constitucionales que siguen esperando su turno ante la falta de decisión del Congreso, mientras que el Poder Judicial, por supuesto, debe priorizar una justicia predecible y pronta, que los justiciables reclaman.
