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El presidente Ollanta Humala está más locuaz que de costumbre y los hechos así lo ameritan. Su asesor Eduardo Roy Gates y el ministro de Justicia, Daniel Figallo, están seriamente cuestionados por haber mostrado un especial interés en la situación judicial del prófugo Martín Belaunde Lossio, según denuncia de la ex procuradora Yeni Vilcatoma.
Sin embargo, lejos de aclarar con argumentos sólidos que permitan a los peruanos estar seguros que ni el ministro ni el asesor tenían la intención de buscar algún beneficio para el fugitivo ex operador político de Humala, el mandatario más bien se ha defendido como mejor sabe: atacando.
Primero acusó a Vilcatoma de denunciar al ministro sin tener pruebas, y luego –evidenciando un peligroso rasgo de autoritarismo–, el jefe del Estado responsabilizó a la prensa de debilitar la democracia.
Según su declaración, para el mandatario recoger denuncias como la de Vilcatoma suponen debilitar la democracia.
“Yo les pido a ustedes [a los medios de comunicación] que no debilitemos la democracia. El presidente de la República es el jefe del Estado, la máxima autoridad le guste o no a la oposición. No tratemos de arrastrar la investidura del presidente de la República a líos de naturaleza pequeña, en muchos casos subalternos”, dijo Humala.
Le recordamos al mandatario que el primer responsable de respetar la investidura presidencial y la democracia es él.
“Tenemos que defender la democracia que nos ha costado recuperar y no ponerla en vilo o en riesgo por intereses subalternos o campañas preelectorales”, añadió la semana pasada en plena crisis por el Caso Figallo.
Efectivamente, se debilita la democracia y se falta el respeto a la investidura presidencial cuando es el propio jefe del Estado que califica de “mamarracho” a una comisión parlamentaria. Y como él mismo dice “le guste o no”, este Congreso ha sido elegido democráticamente.
El mandatario no solo descalifica a la comisión que investigó el ilegal resguardo a la casa del ex operador montesinista Óscar López Meneses, sino también al grupo que investigará las gestiones de Belaunde Lossio para beneficiarse con millonarios contratos con el Estado. “Yo no tengo tiempo para meterme en tonterías”, dijo en referencia a esta investigación.
El grupo que preside la congresista Marisol Pérez Tello no descarta citar a Nadine Heredia, quien tuvo contratos con empresas vinculadas a Belaunde Lossio. “El caso que se va a investigar es el de Martín Belaunde Lossio y sus implicancias en los temas con el Estado, y mi esposa no es funcionaria pública”, respondió Humala.
Le tomamos la palabra presidente, su esposa no es funcionaria pública, entonces en adelante ya no la veremos pronunciarse y zanjar temas de Estado, como lo hizo cuando puso fin al debate sobre la compra de Repsol por parte del Gobierno y cuando le enmendó la plana públicamente al ex primer ministro César Villanueva, lo que determinó su salida.
La injerencia en decisiones de Estado de alguien que no es funcionaria pública también es una forma de “poner en vilo la democracia”. Estamos avisados.
