Secuelas del cisma fujimorista, por Fernando Rospigliosi

Keiko Fujimori cometió un grave error al no percibir la urgencia de su padre, próximo a cumplir 79 años, por salir de la prisión. Alberto no estaba dispuesto a esperar un quinquenio más, confiando en un incierto triunfo electoral de su hija, y está jugando todas sus cartas para lograr la libertad ahora mismo, cuando tiene una posibilidad de lograrlo.

Porque además no es ni remotamente seguro que Keiko pueda ganar las próximas elecciones. Sus derrotas del 2011 y 2016, siendo favorita, muestran que podría acumular un nuevo fracaso sobre sus espaldas.

Se equivocan los que comparan sus posibilidades con candidatos como Salvador Allende, François Mitterrand o Lula da Silva, que perdieron 2 o 3 veces antes de convertirse en presidentes. Estos izquierdistas forjaron sus carreras políticas a pulso y cuesta arriba hasta que se hicieron de la presidencia. Keiko apareció en el escenario político aupada en el legado de su padre, convirtiéndose en congresista en el 2006 y luego, por sus propios errores, perdió dos elecciones presidenciales que tenía ganadas.

Por eso no le falta razón a Kenji cuando reclama un cambio del equipo –no necesariamente de la candidata– que fracasó estrepitosamente. Pero al parecer Keiko no puede deshacerse de su entorno inmediato, como hacen los políticos curtidos cuando es necesario, por una suerte de dependencia psicológica que la tiene encadenada.

Y ese entorno ha contribuido a la postura distante de Keiko con la urgencia de libertad de su padre, pues saben que Alberto fuera de la Diroes exigiría de inmediato que los remuevan, como piden Kenji y varios antiguos partidarios desplazados de la cúpula.

Es decir, el mismo grupo que protagonizó las derrotas del 2011 y 2016 es el que ha guiado el rumbo que ha llevado al fujimorismo al borde de la escisión y a su más grave crisis desde que salió del poder.

Alberto y Kenji, que ya estaban jugando con una política de acercamiento al Gobierno, se convencieron de que los keikistas no están interesados en su salida de la cárcel cuando en mayo se negaron a aprobar la ley que hubiera podido llevarlo a una más cómoda prisión domiciliaria, que era una alternativa intermedia. A partir de allí Kenji se encaminó decididamente hacia un acuerdo con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), que consiste en sabotear a la oposición belicosa que practica su hermana a cambio del indulto, disfrazado eufemísticamente como “perdón médico” o en cualquier modalidad.

Si bien Kenji no puede reemplazar ahora a su hermana en el liderazgo –la mayoría de los congresistas le debe su puesto a Keiko y algunos ni siquiera conocen a Alberto–, sí puede obstaculizar e incluso paralizar su estrategia de entorpecer y trabar la acción del Gobierno, como de hecho ha ocurrido en las últimas semanas.

El asunto es que ahora PPK tendría que cumplir la promesa que les ha hecho de indultar a Alberto antes de fin de año, aunque, como se sabe, los compromisos del presidente no están tallados en piedra sino garabateados en arena. Si eso no ocurre, el resultado será sombrío para el Gobierno, enfrentado a un keikismo enfurecido y a un albertismo defraudado.

Un tema que complica las cosas es la prisión preventiva de Ollanta Humala y Nadine Heredia, determinada por la acertada y valiente decisión del juez Richard Concepción. Si la sala superior los pone en libertad, el indulto a Fujimori sería más costoso políticamente, porque la mayoría está indignada con la corrupción y, sobre todo, con la impunidad: ningún ex presidente estaría preso a pesar de que, como reflejan las encuestas, muchos los consideran culpables.

Y si Humala y Heredia quedan en prisión y sale Fujimori, el antifujimorismo, que sigue siendo importante, aumentaría considerablemente su furia contra el Gobierno.

Las inoportunas y publicitadas visitas de Kenji a Humala, proponiendo una reconciliación como si se tratara de un preso político, alientan la idea, ya fuerte entre la ciudadanía, de un contubernio entre los poderosos –sin importar ideologías– para burlar la justicia.

Otra de las debilidades de la estrategia de Kenji es que no es rentable políticamente mostrarse conciliador y complaciente con un gobierno desacreditado, como en el caso de la expulsión de las procuradoras.
En suma, es una situación muy complicada que requiere de un manejo político muy hábil y firme, cualidades que no abundan en el Gobierno.