¡Ups, me olvidé de la corrupción!

El presidente Castillo omitió leer un párrafo muy importante de su mensaje a la Nación.

“Conmino a los ciudadanos que se encuentran prófugos de la justicia y que (sic) el país reclama su comparecencia, a entregarse a las autoridades, pues el Perú quiere saber la verdad”.

No se trató del nerviosismo por el (reprochable) abucheo de muchos congresistas. Después de la omisión, continuó con el párrafo siguiente e hizo entrega de los proyectos de ley del Ejecutivo.

El presidente incumplió con el Consejo de Ministros, que debió aprobar el texto del mensaje. Lo incumplió en el problema más importante que tienen el país y el Gobierno: la corrupción.

Quedan por capturar dos prófugos relacionados a las investigaciones de corrupción en el Gobierno. Son Juan Silva Villegas y Fray Vásquez Castillo.

Silva ha sido ministro de Transportes y Comunicaciones. Lo puso y lo sostuvo en el puesto el propio presidente Castillo.

El exministro está investigado por supuestos sobornos con relación al Puente Tarata III. Zamir Villaverde sostiene que le entregó dinero a él y, a través de él, al presidente Castillo.

Según el Ministerio Público, se tejió una red para facilitar licitaciones a empresas corruptas. Quien encabezaría esta organización sería el propio presidente Castillo.

El otro prófugo es el sobrino del jefe del Estado, Fray Vásquez Castillo. Es considerado un “mando medio” en las coordinaciones para captar empresas y conectarlas con las licitaciones.

Bruno Pacheco fue secretario general de la Presidencia de la República. En su oficina se encontró US$20.000. Es la cantidad que este habría dicho que costaba cada uno de los ascensos irregulares que se habrían dado en la Policía Nacional del Perú.

Veinte mil dólares habrían costado esos ascensos a general de la policía. En total, diez. Hasta ahora ninguno de los ascendidos ha declarado.

La lista de nombres la habrían hecho los sobrinos del presidente, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo. También habría participado Jorge Tarrillo Gálvez, suboficial de la policía y miembro de la escolta presidencial.

El presidente Castillo no ha dicho nada de esto en su discurso oral. No ha dicho que su confianza ha sido traicionada o que va a refutar una por una las imputaciones de los testigos.

No ha dicho nada, tampoco, sobre el decreto de urgencia 102-2021, firmado por él y el ministro de Vivienda, Geiner Alvarado. Este DU transfiere S/34,3 millones para obras de agua potable y saneamiento.

De esa transferencia, casi 10 millones se fueron solo al distrito de Anguía, en Cajamarca (“La República”, 30/7/22, p.3). El alcalde de Anguía es Nenil Medina Guerrero. Fue a visitar al mandatario cuatro veces en agosto del 2021.

Yenifer Paredes Navarro, cuñada del presidente, hizo trámites a nombre de la Municipalidad de Anguía. Ha sido empleada de Hugo Espino Lucana, otro asiduo visitante a Palacio y proveedor de dicha municipalidad.

Estos casos, y muchos más, apuntan directamente al presidente Castillo. Se entiende por qué no sobrepuso su voluntad de hablar de la corrupción frente al (repito, reprochable) abucheo en el Congreso.

Lo que no dijo Pedro Castillo ha sido mucho más importante que lo que dijo. Ojalá pronto supere esta incapacidad de expresión cuando se trata de la corrupción a su alrededor.