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La ampliación del corredor de buses azules hasta Barranco y la construcción de un intercambio vial en el cruce de la Av. Benavides con la Panamericana Sur, en Surco, han sido causas de indignación vecinal en los últimos días.
En ambos casos, grupos de vecinos han salido a protestar por el temor a que sus barrios pierdan su carácter residencial. Argumentan que el tráfico que soportarían sería desmesurado y temen que sus calles –aún de relativo discurrir apacible– colapsen con los tumultos, ruidos ensordecedores y la contaminación que seguramente llegarían. No por pequeñas las protestas han dejado de sentirse.
Las movilizaciones están obligando a autoridades y empresas concesionarias a ponerle atención a sus reclamos.
En el caso de Barranco un grupo de residentes impidió por unas horas, el domingo pasado, que los buses azules entren al distrito, resistiendo hasta lograr que la municipalidad metropolitana acepte reunirse con ellos y escucharlos.
En Surco, los residentes de la urbanización Valle Hermoso llevan semanas oponiéndose con marchas y plantones a que la ruta trazada por el nuevo intercambio vial cruce su zona. Afirman que sus calles no están preparadas para el tráfico pesado. Por ello la concesionaria Rutas de Lima y la constructora Odebrecht –encargada de la obra– agotan esfuerzos con los vecinos para demostrar que su propuesta es la mejor solución.
La presión vecinal está obligando a Odebrecht a enviar relacionistas públicos, casa por casa, a visitar a los vecinos de la urbanización colindante, San Ignacio, para tender un puente de diálogo preventivo.
El temor en esta urbanización es uno adicional: que sus casas sufran daños físicos por las obras y que la concesionaria no responda por ello. Su exigencia es entonces que Odebrecht, Rutas de Lima y la municipalidad metropolitana emitan un documento formal que garantice que asumirán el costo de cualquier avería o pérdida material que sus propiedades padezcan como consecuencia de las operaciones.
Más allá del protagonismo oportunista de las autoridades locales, lo cierto es que la municipalidad metropolitana y las empresas ejecutoras tienen ahora que atender y negociar con los activistas, es decir, con los grupos de ciudadanos organizados, empoderados con los mecanismos de participación y transparencia que la democracia de hoy promueve. En este marco, reclaman incluso el derecho a la consulta previa.
Moisés Naim llamó a este proceso “El fin del poder”. El influyente politólogo, ex editor de la revista “Foreign Policy”, afirma que hoy, como nunca antes, los micropoderes de asociaciones o grupos ciudadanos han surgido en todo el mundo con tal fuerza que son capaces de jaquear a los “megajugadores” –estados, municipios y empresas– y de “dirigir, vetar o demorar las acciones de las comunidades e individuos”.
Así, los grandes poderes están viéndose obligados a considerar la presión ciudadana si quieren operar con eficacia y legitimidad en el ámbito local. En el Perú, este proceso es incipiente, y ciertamente desigual en sus distintas regiones. Pero ya se siente. Y dará que hablar.
