Aliados en la corrupción

Se ha dispuesto ejecutar la sentencia que debe llevar a Vladimir Cerrón a prisión. No es un juez, es una sala de la Corte Superior de Junín.

Esta es la segunda sentencia por corrupción que recibe Cerrón. La anterior, ratificada por la Corte Suprema, le impidió postular a presidente por Perú Libre en el 2021. Lo reemplazó, y fue elegido, Pedro Castillo, ahora encarcelado.

La condena de Cerrón es por favorecer al consorcio Wanka en la licitación de un aeródromo. Lo hizo cuando era gobernador regional de Junín.

El jefe de Perú Libre dispuso actos administrativos para favorecer al consorcio. Firmó como gobernador.

La sala superior sostiene que “se tiene ampliamente acreditada por valoración probatoria la actuación irregular” de Cerrón. Ante una eventual apelación, se puede esperar el mismo resultado: la confirmación de la condena por corrupción.

Sus partidarios dicen que es una persecución. Cuestionan “la politización del Poder Judicial dominada por los caviares”. Es una “instrumentalización política del aparato judicial cuyo objetivo es perseguir a Vladimir Cerrón”, según Margot Palacios, portavoz del grupo parlamentario de Perú Libre.

La bancada perulibrista también se pronunció. Para esta, no son los caviares, sino los neoliberales. Su líder, señalan, es perseguido por ser “frontal en desenmascarar el neoliberalismo” (Canal N, 6/10/2023).

Se trata de toda una construcción. Cerrón sería víctima de acciones coordinadas dentro del Poder Judicial para sacarlo de carrera.

Si este fuera el caso, la bancada y el partido Perú Libre deberían realizar una investigación profunda de esta trama de conspiración. Los delincuentes serían los que juzgan. ¿Qué hacen que no los denuncian?

Si los “caviares” han tomado el Poder Judicial, ¿por qué se condenó a Susana Villarán? Si los “neoliberales” lo han hecho, ¿por qué estuvo en prisión preventiva Keiko Fujimori?

No es casualidad que Cerrón haya cedido su puesto en la plancha presidencial a Pedro Castillo. Ambos están investigados y procesados por corrupción.

En el caso de Castillo, los actos denunciados son burdos y masivos. En el caso de Cerrón, llevan su propia firma. No hay, pues, tanta diferencia entre uno y otro.

Cerrón puede creer que es el líder de la izquierda marxista. Lo que prueba, sin embargo, es que es un personaje más en la escena del abuso del poder para favorecimiento personal.

La administración de la justicia no debe hacer caso a los intentos de politización. Se politiza no cuando se condena a un exgobernador, sino cuando se dice que hay “persecución” a pesar de los documentos probatorios.

No importan ni la izquierda ni la derecha. Se debe procesar a todos los corruptos. Si todos pudieran revertir las decisiones jurisdiccionales bajo argumentos de politización, se terminaría de liquidar la justicia.

Cuando líderes como Castillo o Cerrón buscan una asamblea constituyente, hay que saber que detrás hay una historia de corrupción. Ahí hay, más bien, un intento de politizar la estructura del Estado, la justicia y movilizar a las masas para beneficio personal.

Cerrón, ahora prófugo, cedió la candidatura presidencial a Pedro Castillo, ahora preso. Quedó en la plancha la actual presidenta, Dina Boluarte.

La presidenta tiene que explicarnos en qué basó su alianza con estos personajes. Incluso la ingenuidad sería una lamentable respuesta.