Editorial: Palabra empeñada

La economía nacional –no es un secreto– deberá reconstruirse luego del fortísimo golpe sufrido en estos meses. Los instrumentos para lograrlo son varios: promoción de la inversión privada, fortalecimiento del mercado laboral formal, reactivación de grandes proyectos paralizados, entre otros. En la base de todo ello, sin embargo, se halla un componente común que el país ha descuidado de manera significativa de un tiempo a esta parte. La seguridad jurídica –que otorga predictibilidad y un conjunto de reglas claras a todos los agentes económicos– es un cimiento clave para la reactivación, y al mismo tiempo está cada vez menos garantizada en el Perú de hoy.

Según informó este Diario el miércoles pasado, entre julio del 2019 y junio del 2020, el Estado Peruano registró cinco controversias ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (Ciadi) –un sistema de resolución de disputas entre los Estados y las empresas privadas–. En las dos décadas previas, el ritmo promedio había sido de aproximadamente un arbitraje por año. De acuerdo con un reporte de la entidad, el Perú y Colombia son los países que más nuevos casos registran en el último año en Sudamérica.

Por supuesto, que surja una controversia –sobre todo en un contrato complejo y de largo plazo– no implica necesariamente un error de la administración pública. De hecho, de los últimos nueve arbitrajes que obtuvieron sentencia, el Estado Peruano ganó seis y perdió tres. Esta buena trayectoria, no obstante, se pone en riesgo cuando los nuevos casos son generados por decisiones con motivación política de parte del Ejecutivo o del Congreso.

Si bien los casos en proceso tienen como origen controversias suscitadas en períodos pasados, hacia adelante preocupa sobremanera la incertidumbre que imprime el actual Congreso sobre el marco jurídico nacional. Como se recuerda, entre sus primeras acciones a poco de inaugurado, el Legislativo suspendió el cobro de peajes y autorizó el retiro del 25% de fondos de las AFP con un tope de tres UIT. Posteriormente, amenazó con pasar normas que ponían en serio riesgo al sistema financiero o la sostenibilidad de los servicios públicos. Hoy tiene otra pieza normativa descaminada en agenda, como el nuevo retiro de fondos de las cuentas individuales de pensiones.

Las consecuencias perniciosas de un Congreso impredecible, que aprueba legislación de forma expeditiva y sin mínimos criterios técnicos, no solo alcanzan a las grandes empresas que tienen la opción de recurrir a instancias internacionales para recibir un eventual resarcimiento –financiado por los contribuyentes–, sino también a todo el resto de empresas y ciudadanos que no tendrán más salida institucional que cumplir las desatinadas normas.

A saber, el Congreso no ha sido la única fuente de inestabilidad jurídica con posibles implicancias desfavorables para el Perú en fueros extranjeros. El Ejecutivo ha tenido también una cuota de responsabilidad. El ejemplo más claro fue la arbitraria suspensión de la construcción del proyecto minero Tía María, en Arequipa, por razones políticas.

En medio de una histórica crisis sanitaria y económica, y con elecciones generales a la vuelta de la esquina, lo último que necesita el país es un espacio adicional de incertidumbre. Si el Perú quiere posicionarse como un país atractivo para la inversión nacional y extranjera, que a fin de cuentas serán la base de la recuperación económica de largo plazo, lo mínimo que se le puede pedir es que respete su propio marco normativo y los acuerdos firmados. Esto no será un requisito suficiente para salir del aprieto actual, pero con seguridad es uno necesario.