La otra toma del aeropuerto

El fin de semana pasado publicamos en estas páginas que, según la última encuesta Datum-El Comercio, la sensación de inseguridad ciudadana en el Perú alcanza al 84% de la población. En Lima esta cifra llega al 92%. A juzgar por la seguridad que ofrece el principal puerto de entrada internacional al país y a la capital, el alarmante dato parece incluso subvalorado.

En diciembre pasado se reportó un patrón entre algunos desafortunados pasajeros que abordaban un taxi desde el aeropuerto Jorge Chávez hacia su domicilio u otro destino. Estos –sin notarlo– eran seguidos en el trayecto por una moto con dos personas. Al finalizar el viaje y bajar del vehículo, los asaltantes atacaban a los pasajeros y se llevaban sus pertenencias. Todo apuntaba a una banda que operaba desde el terminal aéreo, y algunos de sus integrantes fueron capturados.

La realidad, sin embargo, superó por largo las peores expectativas sobre la magnitud del problema. Según un informe publicado ayer por El Comercio que construye sobre los hallazgos anteriores, más de 200 taxistas del aeropuerto han sido denunciados por delitos como robo, violación, fabricación de explosivos y hasta homicidio. De las aproximadamente 33 asociaciones o empresas que agrupan a unos 800 taxistas que prestan servicios en el Jorge Chávez, 14 tienen choferes con denuncias policiales, procesos en fiscalía e ingresos a algún penal. De hecho, más de la mitad de los propios gerentes y representantes legales de estas organizaciones –supervisadas por Ositrán– registran antecedentes por estafa, violación, tráfico ilícito de drogas y otros crímenes de similar gravedad; cinco han cumplido condena en prisión.

En otras palabras, buena parte del traslado desde el terminal aéreo más importante del país está en manos de la delincuencia organizada. El que usen uniforme de camisa blanca, credenciales en el pecho u otorguen factura no cambia el diagnóstico, tan solo lo hace más grave al ocultarlo tras un falso barniz de legitimidad y seguridad. Incluso, horas antes de que se publique el anterior reportaje, el equipo de El Comercio fue amenazado por un grupo de taxistas involucrados en los hechos relatados.

Lima Airport Partners (LAP), operador del aeropuerto, indica que no puede impedir que taxistas independientes ofrezcan sus servicios entre las puertas de salida de pasajeros y el estacionamiento por tratarse de un espacio público. Ositrán, a la fecha, tampoco ha tomado medidas efectivas, y lo mismo la fiscalía y la PNP. Mientras tanto, la penetración de bandas criminales organizadas toma cada espacio que le cede un gobierno sin capacidad de reacción.

Si las autoridades no son capaces de proteger los movimientos desde el aeropuerto Jorge Chávez, ¿qué se puede esperar para terminales aéreos o terrestres de menores dimensiones? Más allá de la primera impresión que transmite el Perú a visitantes extranjeros que son despojados violentamente de sus pertenencias al par de horas de pisar suelo nacional, el asunto ilustra bien –con un ejemplo emblemático– por qué solo uno de cada 14 limeños dice sentirse seguro en su ciudad.

Los hallazgos de este reportaje deberían ser más que suficientes para implementar cambios profundos, inmediatamente, sobre la regulación del servicio de taxi en el aeropuerto. En vista de los hechos, cualquier otra actitud sería de una negligencia inaceptable para la seguridad del público.