Democracias bajo las balas

“Recibimos hasta el momento tres amenazas […], a través de delegados del narcotraficante líder de Los Choneros, ‘Fito’, quien se comunicó con un dirigente para enviar una señal de que si sigo pronunciándome en contra de su estructura narcodelictiva nos van a quebrar”, advirtió el último 2 de agosto el postulante a la presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio en una entrevista con el medio DemocraciaTV, que todavía puede encontrarse en Internet. Una semana después, al salir de un evento proselitista, Villavicencio y su comitiva fueron atacados por una ráfaga de 40 disparos, tres de los cuales impactaron al candidato en la cabeza.

El asesinato ha conmocionado al pueblo ecuatoriano –que celebrará elecciones generales en nueve días– y ha despertado la condena de países como Estados Unidos, China, Francia, México, Brasil, Argentina, Chile y el Perú. Sin embargo, Villavicencio no es el primer político acribillado en esta campaña. El mes pasado, sicarios mataron al alcalde de la ciudad de Manta, Agustín Intriago, mientras visitaba una obra, y unos días antes tres disparos mortales alcanzaron a Rider Sánchez, candidato a la Asamblea Ecuatoriana por la provincia de Esmeraldas, mientras se encontraba en su vehículo.

Tan espantosos como resultan, estos asesinatos son apenas una muestra de un problema mucho mayor que muchas veces escapa de los reflectores: el incremento de la violencia que tiene jaqueada a la sociedad ecuatoriana desde hace algunos años. Según reportes, el número de muertes violentas en el país ha pasado de las 1.088 del 2019 a las 4.761 registradas en el 2022. Las autoridades consideran que alrededor del 80% de estas muertes, asimismo, guarda relación con el narcotráfico. Precisamente, ‘Fito’, a quien Villavicencio responsabilizaba por las amenazas que venía recibiendo, es el cabecilla de la organización criminal Los Choneros, una de las más grandes de Ecuador que trabajaría para el poderoso cartel de Sinaloa de México. No sería, además, la única banda ecuatoriana con conexiones con el país norteamericano, pues se sabe que otras como Los Lobos, Chone Killers y Tiguerones ejecutarían operaciones para el cartel Jalisco Nueva Generación.

Ecuador es quizás el ejemplo más reciente de lo que ocurre cuando un país se ve rebalsado por el narcotráfico y el crimen organizado. Lamentablemente, ya hemos visto esta película en la región en lugares como Colombia, Honduras y México. En este último, por ejemplo, vale recordar que en la campaña para las elecciones del 2018 –en las que se impuso el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador– 48 candidatos a diferentes cargos fueron asesinados.

En el Perú, si bien es cierto no estamos al mismo nivel que varios de nuestros vecinos latinoamericanos, la situación tampoco da para respirar tranquilos. En los últimos años, crímenes como el sicariato, la extorsión y el cobro de cupos se han disparado de la mano de organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua, mientras que expertos como el exministro del Interior Rubén Vargas han advertido de los riesgos que supone para nuestra institucionalidad el ingreso de bandas brasileñas dedicadas al narcotráfico como el Comando Vermelho, al que se le adjudica el ataque de la semana pasada contra una patrulla policial en Ucayali.

Los problemas que este desborde criminal plantea para las democracias latinoamericanas no son menores. Por un lado, porque la historia ha demostrado la poca resistencia que las precarias instituciones –desde cuerpos policiales hasta partidos políticos– exhiben al momento de neutralizar la infiltración de estas organizaciones. Por el otro, porque alteran los procesos electorales al asesinar a candidatos o disuadir a ciudadanos probos de incursionar en la política. Pero también, porque su accionar sirve como un abono para los discursos populistas que, utilizando la legítima demanda ciudadana por mayor seguridad, acaban resquebrajando la democracia, como viene ocurriendo en El Salvador bajo la gestión de Nayib Bukele.

Lo ocurrido esta semana en Ecuador es, en realidad, un recordatorio preocupante para América Latina sobre los peligros que implica que un país empiece a perder la batalla contra la violencia y la criminalidad. Es momento de que los gobiernos empiecen a tomarse el asunto en serio antes de que sus democracias se descubran sitiadas por las balas.