Editorial 1: El beneficio de la duda
Editorial 1: El beneficio de la duda

La presentación de un proyecto de ley para modificar las condiciones que actualmente rigen la protección de los ex presidentes ha puesto sobre el tapete la discusión acerca de los beneficios de los que gozan en general tales funcionarios al terminar su mandato. A grandes rasgos, estos consisten en un sueldo vitalicio de S/15.600 mensuales, un vehículo, un chofer, una oficina, dos asesores, una secretaria, S/5.000 mensuales para gasolina, un seguro de salud y resguardo policial durante las 24 horas del día para él, su esposa, sus hijos y sus padres.

Así, al planteamiento de reducir la extensión de ese resguardo a las dimensiones que tenía antes de que el humalismo lo cambiara en febrero pasado –hasta entonces solo alcanzaba a quien había ejercido la jefatura de Estado y no a su familia–, han venido a sumarse observaciones sobre la inconveniencia de varias otras de las prerrogativas, como la asignación por gasolina, la concesión de una oficina y la contratación de dos asesores.

Todas esas atribuciones son ciertamente opinables (al punto de que algunos de sus potenciales beneficiarios han renunciado voluntariamente a una u otra de ellas). Pero parece existir, al mismo tiempo, un cierto consenso acerca de un mínimo nivel de seguridad y de dignidad que debe asistir a quienes han ostentado un cargo tan importante en el país, por lo que la discusión puede tornarse un tanto gaseosa… salvo en el asunto que mencionábamos al principio.

La verdadera duda a resolver, en consecuencia, es si destacar 14 efectivos policiales –según cifras del congresista Héctor Becerril– para resguardar a un núcleo familiar que incluye a la esposa, los hijos y los padres de un ex mandatario forma parte de ese mínimo nivel de condiciones admitido. Y en un país en el que para los ciudadanos de a pie la provisión de seguridad es un bien escaso, la respuesta es bastante obvia.