Editorial 1: Dedo en el gatillo

El martes, en una entrevista televisiva, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, se refirió a la revisión que el nuevo Congreso de la República –a elegirse el 26 de enero– tendrá que hacer de los decretos de urgencia emitidos por el Ejecutivo durante el interregno parlamentario. En esa ocasión, además de explicar que tiene la obligación de presentarse ante el Poder Legislativo para rendir cuentas de las acciones del Gobierno durante la ausencia de su principal contrapeso, habló de la posibilidad de hacer cuestión de confianza para defender las normas que han aprobado. (“Sí, se plantea esa posibilidad”, dijo luego de que se le preguntara sobre presentar una cuestión de confianza para defender los decretos).

Es evidente que, en un contexto como el actual, las frases del primer ministro resultan lamentables. Recién el martes se resolvió en el Tribunal Constitucional (TC) el dilema legal, tras meses de incertidumbre, que supuso la disolución del Parlamento luego de que el Ejecutivo interpretase que la cuestión de confianza que presentó el 30 de setiembre se le había ‘denegado fácticamente’. Justamente la preocupación que prevaleció tras lo definido por el TC es que no se haya delimitado claramente a favor de qué temas se puede utilizar esta herramienta ni planteado con claridad los límites a la misma. Asimismo, la prisa de Zeballos por utilizarla, contra un Congreso que aún ni siquiera ha sido elegido, no ayuda a conjurar estas inquietudes.

Además, tras un interregno como el que estamos experimentando, el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de fiscalizar lo que el Gobierno hizo mientras estuvo libre de inspección. Condicionar de antemano esta tarea, con la espada de Damocles en la que se ha convertido la cuestión de confianza y cuando existen decretos cuya pertinencia merece ser seriamente evaluada, es poco democrático.

Así las cosas, ad portas de elegir una nueva representación parlamentaria, el señor Zeballos debería sacar su dedo del gatillo y preocuparse, más que por hacer que la voluntad del Gobierno se cumpla, por tender puentes con el nuevo Congreso. Ningún peruano quiere un nuevo enfrentamiento ni un nuevo 30 de setiembre.