Editorial 2: La publicidad estatal como botín

Solo un día después de que el ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, afirmase que solo prestaría declaraciones a aquellos medios que “no le hacen problemas”, el presidente Pedro Castillo decidió lanzar una versión más agresiva del mismo planteamiento. A saber, el de que el Gobierno está dispuesto a castigar a la prensa que lo trata con aspereza y a premiar a la que le rinde pleitesía.

Durante un acto público en Huancavelica, irritado por las tomas presentadas por ciertos canales de televisión en las que era abucheado por algunos ciudadanos en Arequipa, proclamó: “Estos medios de comunicación piden que, en vez de darles agua a los pueblos, se les dé presupuesto para que hablen bien del gobierno”. Luego añadió: “Pero no me voy a permitir darles un centavo a aquellos que tergiversan la realidad”.

Una formulación de la que se desprenden varias conclusiones; todas, por cierto, graves.

En primer lugar, que algunos medios habrían hecho una propuesta delictiva (“que se les dé presupuesto para que hablen bien del gobierno”) sin que él lo haya luego denunciado para que cayese sobre ellos todo el peso de la ley. Si lo que dijo fuera cierto, sería fundamental saber, en efecto, qué medios fueron los que le ofrecieron al gobierno ese turbio toma y daca. Pero si no, estaríamos ante el serio problema de tener en el poder a un mandatario mendaz.

Por otro lado, Castillo dejó sugerido también que él sería quien decide sobre el destino de la pauta publicitaria del Estado y que lo haría, además, como si de un mecanismo para premiar a los que no “tergiversan la realidad” (es decir, no presentan imágenes ingratas para él o su gobierno) se tratase. La verdad es que si lo que pretendía era rechazar la posibilidad de que la publicidad estatal fuese administrada como un botín, el tiro le salió por la culata, porque, en su enredo discursivo, eso fue más bien lo que acabó sugiriendo.

Bonificar a la prensa amable con declaraciones exclusivas o con avisaje preferencial es inaceptable y el gobierno haría bien en procesarlo.