“Acá estoy”

Desde que la pandemia del coronavirus llegó al país, el Poder Ejecutivo ha jugado un papel protagónico en el combate de la enfermedad y en la prevención de los contagios. De hecho, el presidente Martín Vizcarra ha hecho apariciones casi diarias en la televisión para ofrecer actualizaciones sobre la evolución de la crisis y para anunciar, en más de una ocasión, medidas que complementen el estado de emergencia declarado hace más de tres semanas. La última encuesta de Ipsos, publicada el 22 de marzo, registraba 87% de aprobación a su gestión en el meollo de la cuarentena.

El Gobierno, en fin, ha logrado hacerse del respaldo ciudadano tomando decisiones que, como hemos dicho desde esta página y según lo que argumentan los expertos, son necesarias para paliar los estragos de la epidemia, como el aislamiento social y el cierre total de las fronteras. Asimismo, se ha preocupado por dotar sus disposiciones de respaldo técnico, recurriendo a la asesoría de diversos especialistas. Muy distinto a lo que viene sucediendo en el Poder Legislativo.

En efecto, el apremio de la crisis, y la oportunidad que distinguen en ella algunos políticos para cumplir un papel que pueda parecer ‘heroico’ con propuestas meridianamente populistas, ha resultado en una carrera en el Congreso por legislar sin que se hayan instalado todavía las comisiones especializadas y sin el empleo de los necesarios estudios técnicos para respaldar las iniciativas. Instancias y herramientas que, para bien o para mal, sirven como una especie de control de calidad para las leyes que eventualmente son evaluadas por el pleno.

Las consecuencias de este apuro, y del afán parlamentario por no quedarse atrás del Ejecutivo, se han hecho evidentes rápidamente y los casos más notorios son los del proyecto de ley para el retiro del 25% de los fondos de las AFP y el de la suspensión del cobro de peajes. El primero se aprobó a pesar de las advertencias del Ministerio de Economía (MEF), el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; quienes advertían que la medida legislativa podría entorpecer la recuperación económica y traicionar la sostenida disciplina macroeconómica que nos permitirá enfrentar con solvencia la recesión que se avecina. El segundo prosperó pese a los trances jurídicos que la alteración unilateral de los contratos suscritos vía ley le puede traer al Estado Peruano (artículo 62 de la Constitución).

En ambos casos, además, el Gobierno había planteado alternativas más acotadas y técnicamente más cautelosas. En lo concerniente a las AFP, desde el MEF se permitió el retiro de S/2.000 para las personas que no aportaban desde hace seis meses y el presidente anunció, respecto a los peajes, que estaba en conversaciones con los concesionarios para llegar a un acuerdo. El Parlamento, empero, siguió adelante.

En total, según informó este Diario, ya suman siete leyes que han sido exoneradas del estudio especializado sobre su impacto, una circunstancia que, dada la sensibilidad de algunas de las normas, delata poca responsabilidad. La pandemia no puede ser un pretexto para que nuestras autoridades abandonen la más básica diligencia.

Así las cosas, y conscientes de que aún falta mucho camino por recorrer hasta llegar al fin de la crisis del coronavirus, el Congreso debe reevaluar qué papel quiere cumplir: el de la institución que con tal de decir “acá estoy” legisla atropelladamente o el del poder del Estado responsable que sabe que la calidad vale más que la popularidad.

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