Editorial: Agua empozada

Para ilustrar las limitaciones del pensamiento que asume que un bien será de todos y sus precios justos mientras esté en manos del Estado, las empresas proveedoras de agua en el Perú son, quizá, el ejemplo más claro. Así, al amparo de los gobiernos de turno, el desarrollo de este sector ha dependido de autoridades que no han sabido administrarlo y que terminan por aceptar la provisión de un servicio deficiente a costa de toda la población. 

En el caso de Lima, en agosto del 2014, tras mencionar que para mejorar sustantivamente la calidad de sus servicios es imprescindible incorporar al sector privado, el gobierno anunció que planeaba ofrecer en venta un porcentaje de las acciones de Sedapal. No obstante, en una entrevista publicada la semana pasada en este Diario, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse, confirmó lo que ya se intuía: que el Ejecutivo ha decidido descartar este proyecto por falta de “condiciones políticas adecuadas”.

Así, el gobierno apuesta por conservar una empresa que no solo impide el acceso continuo a agua a casi un millón de personas en la capital, sino que mantiene enormes pasivos financieros que todos los contribuyentes pagan. Basta recordar que, en el 2006, para evitar el quiebre de Sedapal, el Estado debió asumir una deuda tributaria de S/.3.000 millones que la empresa mantenía por el mal manejo de sus finanzas. Esto sumado al 40% de agua que pierde anualmente.

Fuera de la capital, la situación de las empresas prestadoras de servicios (EPS) tampoco es alentadora. Según la Sunass, la cobertura que brindan no supera el 80% y se da, en promedio, por solo 16 horas al día. Incluso, en lugares como Pasco, la EPS provee agua por dos horas de manera interdiaria y eso únicamente para aquellos con acceso a conexiones domiciliarias, pues el resto debe comprarla en camiones-cisterna pagando hasta cincuenta veces más.

Y es que, como acertadamente declaró el ministro von Hesse, el modelo actual de las EPS es obsoleto. Y la precaria gestión del recurso provoca que estas empresas logren cobrar solo el 25% del total de agua producida. Es decir, en palabras del ministro, “es como si por cada cuatro camisas producidas cobres una y las otras las botes a la basura o, peor aún, alguien las compre y pague por ellas pero nadie sabe dónde está ese dinero”.

Así como sucedió en el sector de las telecomunicaciones y de la distribución de energía eléctrica, la incorporación del sector privado es esencial para avanzar en la provisión del servicio. Y si ya se tiene en la mira vender casi la mitad de las acciones de la estatal Petro-Perú, llama la atención que no se pueda ir por similar camino con Sedapal y que el agua continúe siendo una excepción que ocasiona altísimos costos sociales.

El problema de fondo para avanzar decididamente con la provisión de agua en el Perú es la imposibilidad de tener propiedad sobre ella. Pero mientras siga siendo políticamente costoso cambiar esta disposición de la Ley de Recursos Hídricos, hay otros caminos que se pueden ensayar.

Más allá de la cancelación de la venta de acciones de Sedapal, se debe reconocer, por ejemplo, algunos esfuerzos de la presente administración al haber planteado un esquema municipal que permite delegar competencias en materia de concesiones de saneamiento a favor del ministerio en las que el sector privado puede participar como socio de las EPS. Por otro lado, permitir la venta de agua proveniente de procesos que no afecten los derechos de uso de terceros, como el agua producida por plantas desalinizadoras que transformen el agua de mar en agua de uso urbano o rural, o plantas de tratamiento de aguas residuales, podrían resultar una opción conveniente y que no encontraría oposición.

En general, mientras se insista en financiar monopolios públicos ineficientes y no se tomen medidas decididas para involucrar al sector privado en la provisión de agua, es poco lo que se puede esperar en avances en este elemental servicio en los siguientes años.