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Si alguien le ofreciese al presidente Vizcarra la posibilidad de escoger una sola palabra que identifique a su gestión en los recuentos históricos que han de escribirse en los años venideros, él probablemente elegiría “anticorrupción”. En sus gestos y declaraciones, ese ha sido el enemigo público número 1 desde que asumió el poder y se trata también de la clave que está detrás de las iniciativas más importantes de su gobierno: la reforma política y la del sistema de justicia.
En su afán por mantenerse a salvo de toda asociación con ese flagelo, además, el mandatario ha llegado al extremo de prescindir de integrantes de su Gabinete sobre los que simplemente se había proyectado una sombra de duda al respecto. En esta página hemos recordado en más de una oportunidad los casos de los exministros Carlos Bruce y Salvador Heresi, a los que una investigación abierta por la fiscalía y una conversación con el exmagistrado supremo César Hinostroza (en la que no se discutió nada ilegal) condenaron sumariamente… Y también la llamativa excepción a esa vocación de asepsia que ha supuesto mantener en el actual equipo ministerial al titular de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, a pesar de que el Ministerio Público lo ha incluido en la investigación por las presuntas irregularidades cometidas en el caso del hospital regional de Moquegua.
No ha sido esa, sin embargo, la única ocasión en la que el jefe del Estado ha puesto entre paréntesis el prurito del que tantas veces ha hecho alarde. En estos días, sin ir muy lejos, ha recibido en Palacio una visita que ha causado en diversos sectores de la opinión pública extrañeza, cuando no reprobación. Nos referimos, desde luego, a la reunión que celebró con los representantes del partido Podemos Perú en el marco de la ronda de diálogos iniciada por el Ejecutivo con todas las organizaciones políticas que han alcanzado presencia en el Congreso elegido el 26 de enero pasado.
Como se sabe, el presidente de esa agrupación, José Luna Gálvez, estuvo presente en la cita, no obstante estar incluido en la investigación por lavado de activos, colusión, negociación incompatible y tráfico de influencias que se les sigue al exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio y otras 18 personas. A Luna Gálvez el equipo especial Lava Jato le imputa específicamente la presunta ejecución de actos de conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia, así como transporte y traslado de dinero ilícito aportado por OAS y Odebrecht. Todo ello para darle apariencia legal.
El problema es tan serio que el propio investigado anunció, en octubre del año pasado, que había pedido licencia en su partido hasta que se esclareciese su situación legal. Pero tres días atrás sostuvo que tal licencia se había extinguido el día de las elecciones y, al parecer, el argumento convenció al presidente Vizcarra.
La disposición del mandatario a sentarse a conversar y, eventualmente, negociar con un político sobre el que pesa semejante sombra de duda ha traído a la memoria las conversaciones “privadas” (furtivas, en realidad) que sostuvo con la señora Keiko Fujimori a poco de haber jurado el cargo. En ese entonces (otoño del 2018), ya todo el país conocía de los aportes que, según Marcelo Odebrecht, su empresa había hecho a la campaña presidencial del fujimorismo del 2011. Y eso no fue óbice para la celebración de la reunión.
En realidad, conversar con personas investigadas o incluso acusadas no puede estar vetado, porque la presunción de inocencia no debe ser un derecho que existe solo en el papel. Pero no se puede soslayar que tales contactos suponen un problema de imagen y coherencia para quien ha tratado de publicitar una asepsia a rajatabla al respecto como su mayor virtud. La brusca revelación de que tal asepsia es intermitente o selectiva será sin duda recordada la próxima vez que se pretenda hacer declaraciones grandilocuentes sobre la materia.
