Editorial: Atrincherado

La fuerza de la costumbre es sorprendentemente poderosa. En períodos relativamente cortos, las personas y las sociedades pueden habituarse a situaciones que poco tiempo atrás hubieran parecido inaceptables e insostenibles. La repetición constante, así, inmuniza poco a poco contra la necesidad de pedir explicaciones y contra la indignación. Total, es la rutina.

Ese es quizá el principal riesgo de un país que está presenciando, un día sí y al otro también, intentos desde la máxima autoridad del Estado para entorpecer investigaciones y evitar transparentar sus gestiones. Más allá de la clara incompetencia del Gobierno para llevar a cabo una agenda mínimamente funcional en los diversos sectores a su cargo, lo inaceptable en este punto es el nivel de opacidad al que pretende acostumbrarnos.

La prensa y ciudadanía, por ejemplo, siguen esperando por la primera entrevista del presidente Pedro Castillo a cinco meses de haber iniciado su período. Pero lejos de mostrar algún interés en explicar sus decisiones o su visión del país, el presidente y sus ministros han fustigado a los medios por cumplir su labor. La semana pasada, por mencionar solo el caso más reciente, el titular de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, señaló que “en el Perú existe libertad y libertinaje de prensa” y que “un sector mayoritario de esta difamó al candidato y difama permanentemente al presidente Castillo. Los difamadores profesionales no tienen derecho a exigir entrevistas”. A su entender, eso pareciera zanjar la necesidad de que el presidente rinda cuentas ante los medios de comunicación y el país.

La señal más preocupante de la falta de compromiso del Gobierno con la transparencia, no obstante, está en la vergonzosa actuación que ha adoptado frente a las pesquisas de la fiscalía en Palacio de Gobierno. Como se recuerda, en la primera diligencia del Ministerio Público a propósito de las investigaciones al ex secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco se encontraron US$20.000 en el baño de su despacho.

La semana pasada, a raíz del destape de las reuniones del mandatario con proveedores de Petro-Perú, la fiscalía intentó en dos ocasiones ingresar a la oficina de la Secretaría del Despacho de la Presidencia de la República. Su ingreso no fue autorizado ni la primera ni la segunda vez y, por lo menos en la primera ocasión, la decisión de bloquear el acceso habría sido tomada directamente por el presidente (a pesar de que luego el mandatario lo negó). En otra escena bochornosa, la segunda diligencia debió llevarse a cabo en el tópico y tampoco se entregó documentación. En paralelo, según actas obtenidas por este Diario, en Petro-Perú se detectó la sustracción y desaparición de información sobre visitas y registros de ingreso vehicular.

Para impedir nuevas pesquisas, el abogado del presidente Castillo, Eduardo Pachas, presentó un hábeas corpus ante el Poder Judicial. En el escrito, el abogado alude a la orientación política de la fiscal Norah Córdova, responsable de la investigación, quien tendría en la mente “ejecución de un plan malévolo y perverso” para vacar al presidente. Indicó también que cualquier juez debería impedir un allanamiento de Palacio de Gobierno por tratarse de monumento histórico y porque “la documentación del presidente tiene la calidad de seguridad de Estado y es de nivel secreto”.

Es lamentable constatar el camino que el presidente Castillo está dispuesto a recorrer con tal de no transparentar sus acciones. Los abogados consultados por este Diario ven pocas chances de que el hábeas corpus sea acogido por el Poder Judicial por no estar en riesgo la libertad del presidente, ni afectar su derecho a la defensa, y ni siquiera haberse dado una orden de allanamiento. Pero más allá del destino de la acción interpuesta por Pachas, lo que sigue fortaleciéndose es la imagen pública de un presidente cada vez más opaco y cada vez más atrincherado sin rendir cuentas a nadie. Y a eso no nos vamos a acostumbrar.