Editorial: Comisión resucitada

Hace dos días, la Junta de Portavoces del Congreso acordó trasladar al pleno la decisión final de recomponer o desactivar la comisión especial encargada de la selección de los reemplazos de seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC) cuyo mandato venció a mediados del 2019. De alguna manera, la decisión de los portavoces parecería anticipar la suerte que correrá este pedido cuando llegue al hemiciclo, pues siete de las once bancadas presentes se mostraron a favor de la recomposición del grupo de trabajo: Podemos Perú, Unión por el Perú (UPP), Fuerza Popular (FP), Acción Popular (AP), el Frepap y las noveles Nueva Constitución y Descentralización Democrática. Mientras que, por el contrario, el Partido Morado, Alianza para el Progreso, Somos Perú y el Frente Amplio pidieron su desactivación.

Decimos que lo ocurrido en la Junta de Portavoces podría anticipar la votación del pleno porque resulta poco probable que, llegado el momento, las bancadas contradigan la postura de sus voceros. Aunque, por supuesto y teniendo en cuenta lo veleidosa que ha sido esta representación nacional en ocasiones anteriores, no se puede descartar un viraje de último minuto. Por lo menos en el caso de AP, que se ha mostrado a favor de recomponer la comisión, a pesar de que su candidato presidencial, Yonhy Lescano (elegido en las internas del partido), la calificó hace unos días como “deslegitimada”, luego de recordar que la “fórmula presidencial que encabezo cuestiona que el Congreso siga intentando nombrar a los nuevos magistrados del TC”.

Pero esta no es, además, la única fisura que ha exhibido AP en este tema. Llama poderosamente la atención, por ejemplo, que en la Junta de Portavoces el partido se haya inclinado por la recomposición de la comisión especial cuando el 14 de noviembre pasado, en medio de las movilizaciones ciudadanas desencadenadas tras la asunción de Manuel Merino, difundió a través de sus redes sociales un comunicado en el que planteaba al pleno “la desactivación” de la misma “por no existir las condiciones que generen una amplitud de consensos para llevar adelante un proceso de tanta importancia para el país”. ¿Existe ahora esa ‘amplitud de consensos’ cuya ausencia AP esgrimía como razón suficiente para cancelar el proceso de elección de los magistrados? Pues a juzgar por lo visto en la Junta de Portavoces, no.

Dicho comunicado, vale recordar, fue difundido en un contexto en el que otras cuatro bancadas –las mismas que ahora abogan por la desactivación del proceso– ya habían anunciado que retiraban a sus representantes de la comisión especial. Así, a mediados de noviembre, quedaba claro que cinco de las entonces nueve bancadas del Legislativo declinaban continuar con el procedimiento, por lo que, como llegó a afirmar en ese momento el vocero de FP, Diethell Columbus, este “se cae de maduro”.

Ahora, sin embargo, la Junta de Portavoces ha decidido resucitar una comisión que hace solo dos semanas lucía exánime. El riesgo, como hemos dicho antes, es que los congresistas terminen ofreciéndole al país un TC muy parecido a ellos. Y aunque es cierto que el Parlamento está facultado legalmente para nombrar a los nuevos magistrados, ello no significa que goce de legitimidad para tal encargo.

Después de todo, hablamos del mismo Legislativo que ha utilizado la Constitución como un arma para tomar revancha contra otros poderes del Estado (en julio pasado, recordemos, redactó y aprobó en medio día una reforma de cinco artículos constitucionales para eliminar la protección de altos funcionarios del Ejecutivo) y que no ha mostrado escrúpulo alguno por salvaguardarla (el TC tuvo que declarar inconstitucional la ley que suspendía el cobro de peajes y posiblemente suceda lo mismo con la ley de devolución de aportes a la ONP). El mismo Legislativo, en fin, que tantas veces ha procedido sin transparencia, ha aprobado leyes sin sustento técnico y ha actuado de espaldas al país.