Conocer (toda) la historia

Ayer, con el voto dirimente de su presidenta, la legisladora Rosío Torres (Alianza para el Progreso), luego de un empate a siete, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso decidió ratificar las conclusiones del informe preparado por el congresista Alejandro Cavero (Avanza País). Este recomienda archivar la denuncia presentada por la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el expresidente Manuel Merino, el exjefe del Gabinete Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez por la comisión (por omisión) de los delitos de homicidio, lesiones graves y lesiones leves en agravio de Inti Sotelo, Bryan Pintado y otras 78 personas que participaron en las marchas de noviembre del 2020, precisamente contra la asunción y el gobierno de Merino tras la vacancia de Martín Vizcarra.

Al ser altos funcionarios con prerrogativa de antejuicio político, como se sabe, el Ministerio Público –que viene investigando el caso– necesita de la venia del Legislativo para poder acusar a Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez si lo considera conveniente. Sin embargo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales intenta cerrar esta puerta y, si bien todavía falta que la Comisión Permanente del Congreso ratifique o enmiende su decisión, desde ya advertimos que sería un error que ocurriese lo primero.

Difícilmente los eventos de noviembre del 2020, y principalmente los del día 14 (14-N), podrán olvidarse. Esa noche, dos jóvenes murieron y decenas más resultaron heridos mientras participaban en una serie de movilizaciones en la capital. A estas alturas, no quedan dudas de que el personal policial hizo un uso desmedido e innecesario de la fuerza en varios momentos de las marchas. De ello dan fe los testimonios de los agraviados y los videos registrados en aquella fatídica jornada. También, los informes de instituciones como la propia Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y para quienes, como este Diario, estuvimos en el lugar de los hechos, no queda duda de que así fue.

Si la responsabilidad, ya sea porque los dejaron pasar o porque no hicieron nada para evitarlos cuando vieron que eran desenlaces altamente probables, por estos atropellos cometidos por varios efectivos policiales alcanza a Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez es algo que el periodismo no va a definir. Pero lo mismo se puede decir del Congreso. En realidad, los únicos que –llegado el caso– están llamados a hacerlo son el Ministerio Público y el Poder Judicial.

La labor de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, vale recordar, consiste en determinar si una investigación contra altos funcionarios está motivada por algún afán político (y hay que decir que, ciertamente, este no parece ser el caso). Lo que no puede hacer este grupo de trabajo es jugar a ser juez y arrogarse atribuciones que no posee. Y, lamentablemente, eso es lo que ha hecho la subcomisión de marras y eso es lo que hace el informe del congresista Cavero que, por lo demás, presenta demasiados vacíos e inconsistencias como para ser usado a fin de limpiar de polvo y paja a los tres imputados por delitos tan graves.

Solo para poner un ejemplo, el legislador Cavero concluye en su documento que la policía no usó canicas de vidrio para repeler las movilizaciones. Sin embargo, un fotógrafo de El Comercio, Alonso Chero, fue impactado por la policía con una canica por la espalda mientras cubría una de las marchas de noviembre, en un caso que ha sido ampliamente documentado por este Diario (y, sin embargo, en el Parlamento nunca se molestaron en pedirle sus descargos).

Son episodios de este tipo los que explican por qué la ciudadanía ve con tan malos ojos al Congreso. Los peruanos tenemos el derecho de conocer toda la historia de las marchas de noviembre del 2020 y ello solo se logrará si las autoridades investigan a fondo, y sin cortapisas de ningún tipo, todos los detalles de estas.