Editorial: Cuando sea ciudadano

“Por favor. ¿No es extraño? Cuando toco a Odebrecht, cuando hablo de luchar contra la corrupción, inmediatamente viene este tipo de titular. ¿Quieren callarme? ¿Pretenden que no toque a Odebrecht? ¿Pretenden que no combata a la corrupción?”. Con estas airadas palabras, el presidente Martín Vizcarra pretendió sacudirse de la nota publicada por este Diario el pasado domingo 11 de octubre. Como se recuerda, El Comercio reveló entonces que un aspirante a colaborador eficaz de la fiscalía afirmó que el consorcio Obrainsa-Astaldi pagó más de S/1 millón al entonces gobernador de Moquegua a cambio de la buena pro de la obra Lomas de Ilo.

Lejos de aclarar el asunto, desde entonces la situación del presidente no ha hecho más que complicarse. Durante la semana, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) –que había manejado el proceso de convocatoria y sobre la cual el mandatario construyó buena parte de su defensa– contradijo algunos de los argumentos centrales del presidente. Y ayer, la Unidad de Investigación de este Diario dio a conocer que otros tres aspirantes a colaboradores eficaces indicaron que pagaron un soborno de S/1,3 millones a Martín Vizcarra por la adjudicación de la construcción del Hospital Regional de Moquegua.

Como otros políticos que lo precedieron, el presidente se ha habituado a descalificar acusaciones serias recurriendo al facilismo de pintarlas como parte de una conspiración de los corruptos para dañar su imagen y hacerse del poder. Sin duda, no faltan mafias interesadas en golpear al Ejecutivo. Pero esta vez esa explicación no alcanza. El hecho de que cuatro aspirantes a colaboradores sindiquen al mandatario como perceptor de pagos ilegales por dos obras distintas –más allá de las pruebas documentales que hayan entregado– es sumamente grave y merecerá una respuesta proporcional de parte del Ministerio Público.

Dicho eso, dado lo que se conoce hasta ahora y lo que falta confirmar bajo un debido proceso, este Diario insiste en su postura de que promover una vacancia presidencial en este contexto sería apresurado e irresponsable. Los testimonios son creíbles, pero consideramos que no constituyen por ahora una prueba del calibre que se requeriría para remover a un presidente por “incapacidad moral permanente” en medio de una pandemia y con las elecciones generales a menos de seis meses. El país debe completar la transición legítima de poder en julio del 2021 y a partir de entonces el expresidente afrontará las consecuencias penales que correspondan.

Mientras tanto, para lograr dicha transición, la gobernabilidad de los meses que vienen debe estar asegurada. Una primera condición fundamental es la garantía de neutralidad absoluta del Ejecutivo en los comicios próximos. Conocida la precaria situación legal del presidente, una participación del mandatario a favor o en contra de cualquier opción política podrá ser interpretada como una injerencia destinada a mejorar sus chances con la fiscalía.

En segundo lugar, el Gobierno deberá redoblar esfuerzos para dotar de suma transparencia a cualquier acto concerniente a su gestión. Esta es una condición necesaria en circunstancias normales; en las circunstancias actuales –con un enorme manto de sospecha encima– es crítica.

En tercer lugar, habida cuenta de que la reactivación económica tras la pandemia requiere de la puesta en marcha de grandes proyectos de inversión, ¿qué sensación podría despertar entre la ciudadanía ver que una autoridad salpicada con acusaciones de haber solicitado coimas a cambio de favorecimientos en dos licitaciones hace unos años aparezca hoy anunciando o participando en adjudicaciones de este tipo? ¿No convendría delegar esas tareas a otros funcionarios del Ejecutivo?

El presidente Vizcarra no puede escudarse más en supuestas conspiraciones de poderosos y corruptos en su contra. El peso de las acusaciones es ya muy grave para ello. Pero ante estas no deberá responder el presidente, sino el ciudadano Vizcarra cuando llegue la oportunidad.