Ayer, en sesión extraordinaria del Congreso convocada por el presidente Ollanta Humala, una mayoría compuesta principalmente por las bancadas de oposición rechazó la observación presentada por el Ejecutivo al decreto que exonera de manera permanente los descuentos a las gratificaciones de julio y diciembre. Así, quedó promulgada, por insistencia, una ley que, hace menos de un mes, había sido aprobada por unanimidad en el mismo hemiciclo.
La observación del Ejecutivo demandaba prudencia en el manejo fiscal, planteando extender los descuentos únicamente al 2015, habida cuenta de que, con la promulgación de la ley, los fondos del seguro social de salud, el sistema privado de pensiones, el sistema público de pensiones, la CTS y el fondo de estabilización de precios de combustibles se verían afectados. El debate, no obstante, se centró especialmente en el sistema de salud, haciéndose acaso eco de las palabras del presidente Humala, quien días antes había declarado: “Es importante que Essalud tenga los fondos para mejorar su calidad y eficiencia”.
Cabe recordar que, ante el posible recorte de fondos, la directora de Essalud, Virginia Baffigo, expresó su preocupación, indicando que la referida decisión significaría aproximadamente S/.1.000 millones anuales que la institución dejaría de percibir. De la misma manera, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, afirmó que la reducción del presupuesto podría, en el largo plazo, generar problemas financieros y llevar a Essalud a la quiebra.
Tras la exoneración permanente de los descuentos a las gratificaciones dictaminada ahora, empero, existen otras formas para contrarrestar la disminución de los aportes al seguro social de salud que ello supone.
Para evitar un desenlace como el vaticinado por el ministro Maurate, la doctora Baffigo indicó, por ejemplo, que implementaría mecanismos para cobrar a los deudores del sistema con alternativas de ‘contraprestación’ para zanjar sus compromisos económicos. Si actualmente el sector público adeuda cerca de S/.2.000 millones a esta entidad por aportes no pagados, el abono de las obligaciones pendientes podría, efectivamente, ayudar a reducir el déficit presupuestario del seguro de salud.
No está de más reconocer que debería bastar con que el gobierno honre sus deudas con la institución para que se cubra el déficit en su financiamiento generado por las exoneraciones por lo menos por el próximo par de años. Y si lo que necesita el Estado es más recursos para saldar sus obligaciones, mal hace en frenar las inversiones privadas que son, a fin de cuentas, las que le reportan ingresos. Así, por ejemplo, un proyecto como Tía María (que representa menos del 10% del total de inversiones mineras paralizadas durante la presente administración) podría proveer al Estado, durante una década, ingresos por impuestos equivalentes a seis veces el déficit anual de Essalud.
Saldar deudas morosas, sin embargo, dista de ser la única responsabilidad pendiente del Estado con esta institución. Así, por el lado del Ejecutivo, se deben realizar reformas que permitan ampliar la base de aportantes y, con ello, los fondos de Essalud. En un país donde más del 70% de la población trabaja en el sector informal, es imperativo que se reduzcan las cargas laborales, tributarias y burocráticas que las empresas asumen para ingresar a la formalidad. Después de todo, Essalud es financiado por los aportes del sector formal, que paga el equivalente al 9% de la remuneración mensual de cada trabajador.
Finalmente, como hemos mencionado en anteriores editoriales, una alternativa interesante es ceder paso al sector privado para que colabore con Essalud en esquemas del tipo de asociaciones público-privadas y que estimulen la competencia. La concesión de hospitales y la tercerización de funciones específicas no solo podrían aligerar los gastos del sector público, sino, de paso, mejorarían sus ingresos y, sobre todo, la atención que reciben los ciudadanos.
Como queda claro, tras la eliminación de los aportes provenientes de las gratificaciones existen reformas pendientes para asegurar alternativamente el financiamiento a Essalud, y su puesta en marcha puede ser una de las medidas más importantes para alcanzar las prioridades del Ejecutivo.