Editorial El Comercio

Ayer, para el momento en el que se terminó de escribir este editorial, daba la sensación de que el pospondría la segunda votación de la ley que incrementa las penas por difamación y calumnia en nuestro Código Penal, también conocida como ’. No sería la primera vez que esto ocurriría.

El 18 de mayo, como se recuerda, el congresista –presidente de la comisión que elaboró el dictamen de la norma y el encargado de sustentarla ante la representación nacional– solicitó pasar para cambiarle dos oraciones a la iniciativa que, en realidad, no modificaban nada. Y el 25 de mayo, cuando se pensaba que finalmente esta iba a ser revisada en el pleno, el procedimiento se frustró nuevamente porque , el día anterior, a El Salvador.

¿A qué se deben tantas dilaciones? Todo apunta a que los promotores de la iniciativa se han dado cuenta de que el apoyo que recibieron en la primera votación (no olvidemos que 69 parlamentarios aprobaron este despropósito el pasado 4 de mayo) se ha desinflado y que no tendrían los votos necesarios para refrendarla. Esta sería una buena noticia, pero conociendo la capacidad inagotable del Legislativo para sorprender al país cuando de embarrarla se trata, no se puede descartar nada.

A estas alturas, los motivos por los que la ley en cuestión equivaldría a una ‘mordaza’ han sido bastante difundidos, tanto como por asociaciones de prensa, organizaciones de la sociedad civil e instituciones como la Defensoría del Pueblo. Y si a alguien todavía le quedaban dudas sobre ello, basta con escuchar a su autor, el legislador (Perú Libre), intentando defenderla para que hasta el más escéptico se convenza de los peligros que esta entraña.

Consultado , el legislador insistió en que su proyecto solo busca “salvaguardar el honor, la buena reputación y la intimidad personal” de los peruanos… para luego acotar: “No es algo que yo estoy creando, eso ya existe, sino que es una ley que tiene más de tres décadas y la estamos actualizando”. En efecto, si se trata de proteger el honor y la buena reputación de las personas, la legislación ya contempla penas para quienes las afecten. En eso tiene razón el congresista. Lo que no queda claro es por qué proteger lo que ya está protegido.

Si, más bien, lo que le preocupa es que el Código Penal no incluya también a la “intimidad personal” en el referido artículo, pues bastaba con hacer esa adición y no había necesidad –como propone la iniciativa– de aumentar de dos a cuatro años el máximo de la pena para los delitos de difamación y de tres a cinco para los casos en los que esta se cometa a través de un libro, la prensa o las redes sociales. Al legislador Montalvo esto le parece una actualización. Nosotros, más bien, lo consideramos un recrudecimiento de las penas y, por lo mismo, una herramienta con la que quienes buscan censurar a los hombres y mujeres de la prensa empapelándolos de procesos estarían gustosos.

Justamente un país donde esto ocurre con una facilidad pasmosa es Venezuela, donde integrantes de la cúpula chavista como Diosdado Cabello pueden procesar a medios de comunicación y lograr que un sistema de justicia servil a la dictadura emita fallos como aquel del 2021 que obligó al diario “El Nacional” a pagarle por “daños morales y difamación”. Y precisamente tras ser consultado ayer sobre si consideraba que en Venezuela hay libertad de prensa –es bastante evidente que no es así–, el legislador Montalvo retrucó: “Eso que lo digan los venezolanos”. Una respuesta bastante elocuente sobre el concepto que tiene de libertad de prensa y que deja aún más claras las motivaciones de su iniciativa que las que había dejado su en Amazonas de la semana pasada.

No hay ninguna razón atendible para que los parlamentarios ratifiquen esta ley y quienes aún dudan de ello deberían escuchar a su autor que, al tratar de defenderla, se ha convertido sin quererlo en el principal detractor de ella.

Editorial de El Comercio

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