A lo largo de sus catorce años de gobierno, Hugo Chávez creyó que intentaron asesinarlo unas sesenta veces. Y, de hecho, esto es lo que según algunas voces, habría terminado pasando: para el presidente Nicolás Maduro, por ejemplo, fue Estados Unidos el que le “inoculó” el cáncer que terminó matándolo. Quizás preocupado por lo anterior es que Nicolás Maduro asegura que a él también habrían intentado asesinarlo en más de una decena de ocasiones. Entre ellas, en el 2013, durante la campaña presidencial, cuando para acabar con su vida el candidato opositor Henrique Capriles habría reclutado mercenarios de El Salvador y el ex presidente colombiano Álvaro Uribe habría mandado paramilitares a Venezuela. En el marco del más reciente intento de magnicidio, ha sido llamada a declarar ante la fiscalía –en calidad de imputada– María Corina Machado, una de las figuras más notorias de la oposición. Ella habría escrito un e-mail en el que hablaría sobre sus intenciones de obtener “financiamiento y aniquilar a Maduro”.
Todo indica, sin embargo, que se trataría de un producto más de la fecunda imaginación del presidente Maduro. En efecto, ya se ha probado que, al menos para el caso de uno de los implicados en el complot (el ex directivo de PDVSA, Pedro Burelli, quien reside en Estados Unidos), las pruebas habían sido manipuladas. A petición de Burelli, y gracias a información suministrada por la empresa Google, una firma auditora certificó ante un tribunal de Estados Unidos que los correos presentados por el gobierno eran falsos.
Hay, por otro lado, varios otros elementos extraños en esta investigación de presunto intento de magnicidio. Como el que cuando Machado fue llamada a testificar en junio de este año –esa vez en calidad de testigo– no se le permitiera a sus abogados estar presentes en el interrogatorio ni revisar el expediente. En esta ocasión, además, la citación para declarar como imputada le llegó, coincidentemente, el mismo día en el que ella había exigido que dos candidatas no postularan al Consejo Nacional Electoral, por considerar que estaban vinculadas al gobierno.
Parece, pues, que se trata más bien de un nuevo caso de persecución política contra opositores al régimen. Persecución que ya es costumbre en Venezuela y de la que la propia Machado es víctima usual. Recordemos que a ella se le impidió ingresar al Parlamento y se la despojó de su cargo de diputada en marzo de este año, por intentar participar, como invitada de la representación de Panamá, en una sesión de la OEA para denunciar la vulneración de los derechos humanos en su país. La represión a Machado es tal que ella asegura que es censurada en todos los medios, que no le venden pasajes en líneas aéreas estatales para movilizarse dentro de Venezuela y que la policía incluso le corta la luz en los actos públicos.
Ahora bien, si de persecución política se trata, es necesario también mencionar el caso de Leopoldo López, quien hace nueve meses fue llevado a prisión bajo infundados cargos de terrorismo en un automóvil manejado por el mismísimo presidente del Congreso, Diosdado Cabello. Su proceso ha estado lleno de irregularidades y el gobierno ha preferido hacer caso omiso a la recomendación de la ONU de liberarlo. Aún sin todo lo anterior, basta recordar cómo el propio Maduro condenó a López a “una celda fría” antes de que exista cualquier tipo de sentencia.
Quizás lo peor de todo es que aquello que pasa con María Corina Machado y con Leopoldo López no nos sorprende en un país en el que no solo escasean la comida y los alimentos, sino también la justicia. La cifra –el puesto 144 de 144 en lo que toca a la independencia judicial según el último Reporte de Competitividad Global– refleja la realidad: un país en el que el chavismo controla el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo y la Defensoría del Pueblo. Y donde la situación es tal que, como ya hemos recordado una vez, la entonces presidenta del máximo órgano de justicia pudo declarar impunemente que “la división de poderes debilita al Estado”.
Discúlpenos, señor Maduro, si no nos tomamos en serio el supuesto riesgo de su vida.