El enredo del ministro González

El jueves, el ministro del Interior, Mariano González, se presentó ante el pleno del Congreso para dar explicaciones sobre el presunto reglaje policial que, el día anterior, había acusado Zamir Villaverde. El empresario investigado por el Caso Puente Tarata, en el que el presidente Pedro Castillo y algunos de sus colaboradores y familiares cercanos están incluidos, hizo la denuncia el miércoles en la comisaría de La Planicie, en La Molina, donde además fue detenido a causa de un error técnico por el que también tuvo que pronunciarse el Ministerio del Interior (Mininter).

Según el integrante del Gabinete, a Villaverde no se le estaba haciendo seguimiento ni reglaje. Pero sí se le estaba vigilando. Específicamente, aseguró que la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dirin) se encontraba llevando a cabo una “apreciación de situaciones”, un ejercicio –según sus palabras– realizado para evaluar el contexto del investigado con la finalidad de atajar cualquier posibilidad de fuga o riesgo contra su seguridad. Una explicación que podría llevar a concluir que lo denunciado por el empresario era, en realidad, un procedimiento rutinario de la policía.

Pero es aquí donde la argumentación del ministro González empieza a enredarse. A propósito de lo ocurrido con Villaverde, el ministro dijo ante la representación nacional que le había enviado una carta al comandante general de la policía, Raúl Alfaro, pidiéndole la remoción del jefe de Inteligencia de esa institución, el general Roger Pérez. Además, anunció que la Comandancia General de la Policía Nacional ya inició un proceso de investigación en la inspectoría contra el personal de la Dirin involucrado en lo sucedido.

¿Cómo es que un procedimiento descrito como inocuo y hasta necesario por el titular del Mininter merece de pronto un despido y una investigación contra los participantes? Las explicaciones del ministro en este punto se muerden la cola. Por otro lado, según ha informado este Diario, Pérez fue nombrado por el entonces ministro Dimitri Senmache sin contar con experiencia alguna para el puesto. Sin embargo, el que sería su reemplazo, el general Carlos Malaver (otrora jefe de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos), también está lejos de ser el candidato ideal para el cargo, por lo que no se podría decir que el cambio responde a un intento de mejora.

Podría ser que el ministro González haya decidido sancionar a la cabeza de la Dirin a pesar de que justificó el accionar de los agentes de esta unidad al seguir a Villaverde para cortar de raíz cualquier sospecha ante la opinión pública. Es una hipótesis. Otra es que la mentada “apreciación de situaciones” realmente no fuera tan inocente como la describió en el Parlamento.

Todo este reajuste se da además bajo la sombra de las sospechosas fugas (todavía no resueltas) del exministro Juan Silva, el exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y del sobrino del presidente, Fray Vásquez Castillo. Al menos en el caso del primero, su escandaloso pase a la clandestinidad le terminó costando nada menos que la censura al señor Senmache el mes pasado. En este contexto, la posibilidad de que se hubiese realizado un “reglaje” contra alguien que asegura tener evidencias contra el jefe del Estado solo abonaría a la creencia de que el Mininter y la policía están en realidad jugando su partido aparte para favorecer al mandatario en sus cuitas fiscales.

En todo caso, las dudas sobre el seguimiento a Villaverde persisten y no hacen más que generar preocupación, pues es justo decir que el sector Interior y la policía son dos entidades que precisamente se han visto en la picota desde los albores del gobierno de Castillo. Tras las denuncias del subcomandante Javier Bueno sobre presuntos favorecimientos durante el proceso de ascensos en la policía del año pasado, sumado a las fugas de personas muy cercanas al poder y el hecho de que todavía no se haya podido dar con ellas, cada nuevo escándalo solo resquebraja más la imagen de ambas.